La Junta garantiza una tramitación “con todas las garantías” de los proyectos mineros de Oroberia en la Sierra Norte

La Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte se ha reunido con responsables de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para conocer el estado de la tramitación de la solicitud de Oroberia para llevar a cabo investigaciones mineras en el territorio

 

La Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, integrada por alcaldes, asociaciones, colectivos y vecinos de los municipios afectados por los proyectos de investigación minera promovidos por la empresa Oroberia, ha mantenido una reunión con la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara para abordar la situación de las iniciativas GUA, DALA y JARA.

 

Durante el encuentro, los representantes de la Plataforma expresaron su oposición a las prospecciones mineras y trasladaron su preocupación por los posibles impactos sociales, económicos, paisajísticos y ambientales que, a su juicio, podrían derivarse de las actuaciones previstas en el territorio.

 

Los participantes defendieron la preservación del entorno natural y del actual modelo de desarrollo de la comarca, poniendo el foco en la protección de los valores ambientales, sociales y paisajísticos del Valle del Río Cañamares y de la Sierra Norte de Guadalajara.

 

Desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible se valoró positivamente el clima de diálogo mantenido durante la reunión y se subrayó la importancia de escuchar directamente a los ayuntamientos, asociaciones y vecinos afectados, al considerar que son quienes mejor conocen la realidad del territorio y pueden aportar una visión relevante dentro de cualquier procedimiento ambiental.

 

En el transcurso del encuentro, responsables de la Administración regional explicaron que ya ha sido recibida la documentación correspondiente al proyecto único solicitado por la empresa promotora. Este expediente se encuentra actualmente en fase de análisis por parte de los servicios técnicos competentes, que deberán verificar si reúne todos los requisitos exigidos para iniciar formalmente su tramitación dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.

 

Según trasladó la Delegación Provincial, una vez completada la revisión técnica y comprobado el cumplimiento de las exigencias legales, el proyecto será sometido a información pública y al correspondiente periodo de consultas. Este trámite permitirá la participación de los ayuntamientos afectados, así como de asociaciones, colectivos y particulares que ya presentaron alegaciones durante fases anteriores del procedimiento.

 

La Administración autonómica recordó además que la modificación introducida por la Ley 1/2024 en la normativa regional de evaluación ambiental refuerza de forma expresa el papel de los ayuntamientos. En este contexto, los informes municipales sobre la compatibilidad urbanística de los proyectos y sobre su posible afección socioeconómica tienen carácter preceptivo y adquieren una relevancia especial dentro de la evaluación ambiental.

 

Asimismo, dichos informes deberán analizar también los posibles efectos acumulativos o sinérgicos que pudieran producirse con otras actividades o proyectos existentes en cada municipio.

 

Durante el periodo de información pública, todas las administraciones, entidades y ciudadanos interesados podrán presentar alegaciones, informes o sugerencias respecto a la documentación ambiental aportada por la empresa promotora.

 

La Delegación Provincial insistió en que el procedimiento se desarrollará con "rigor técnico, transparencia y pleno respeto a la normativa ambiental", y remarcó que la tramitación se llevará a cabo "sin prejuzgar el resultado final del expediente", garantizando en todo momento la participación pública y la defensa del interés general.

 

Como conclusión, el Gobierno regional reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible de los municipios de la provincia de Guadalajara, al tiempo que defendió que cualquier decisión sobre los proyectos deberá adoptarse dentro de los cauces establecidos por la legislación vigente y tras completarse todos los procedimientos de evaluación y participación pública previstos.