Ruiz Molina pide una posición común de los grupos políticos en defensa de la región y critica una propuesta que considera “injusta y regresiva” por favorecer privilegios territoriales
El Gobierno de Castilla-La Mancha comparecerá en las Cortes regionales para informar sobre la reunión mantenida esta semana con el Ministerio de Hacienda y reafirmar la posición que viene defendiendo la Comunidad Autónoma en materia de financiación autonómica. Así lo anunció este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras el encuentro celebrado el lunes con el secretario de Estado de Hacienda.
Durante una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, Ruiz Molina explicó que el Ejecutivo autonómico trasladó al Ministerio las mismas reivindicaciones que ha mantenido durante los últimos años respecto al sistema de financiación, una postura que definió como basada en la “coherencia” y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, independientemente del signo político del Gobierno central.
“Lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”, afirmó el consejero, quien también reclamó conocer cuál es la propuesta de la oposición regional sobre esta cuestión.
El titular de Hacienda señaló que la comparecencia parlamentaria servirá para explicar el contenido de la reunión mantenida con el Ministerio y para exponer nuevamente los principios que sustentan la propuesta castellano-manchega. En este sentido, volvió a tender la mano al resto de fuerzas políticas para consensuar una posición común en defensa de los intereses de la comunidad autónoma.
Ruiz Molina insistió en que el actual debate sobre la financiación autonómica debe abordarse desde la igualdad entre ciudadanos y no desde criterios que, a su juicio, generen ventajas para determinados territorios.
Críticas al modelo planteado por el Gobierno central
El consejero mostró una posición especialmente crítica con la propuesta impulsada por el Ejecutivo nacional, a la que calificó de “injusta y regresiva”. Según defendió, el planteamiento responde a la voluntad de satisfacer demandas concretas de una comunidad autónoma y supone un perjuicio para el resto. “Los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”, aseguró.
Asimismo, sostuvo que el modelo no cuenta con un respaldo unánime ni siquiera entre algunos sectores independentistas, porque “no quieren más financiación, sino tener más financiación que los demás”.
Ruiz Molina lamentó además que el debate haya trasladado a la sociedad el mensaje de que “quien más tiene, más derechos tiene”, algo que considera incompatible con los principios de igualdad que defiende Castilla-La Mancha.
El peso de la despoblación y la dispersión
Frente a ese modelo, el Gobierno regional continúa reclamando un sistema que tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios públicos, especialmente en territorios con características como las de Castilla-La Mancha.
El consejero defendió que factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población o el envejecimiento incrementan el gasto necesario para garantizar servicios esenciales como la sanidad o la educación.
Para ilustrarlo, comparó el caso de la provincia de Cuenca con el municipio madrileño de Fuenlabrada. Según explicó, ambos cuentan con una población similar, pero mientras Fuenlabrada puede prestar atención primaria mediante siete centros de salud, en la provincia conquense son necesarios 32 para atender adecuadamente a los ciudadanos repartidos por el territorio.
El Ejecutivo autonómico mantiene que el futuro modelo debe garantizar recursos suficientes para atender a los ciudadanos con independencia de dónde residan y de la capacidad económica de cada territorio. “No queremos un modelo que premie a los territorios; queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”, concluyó Ruiz Molina.
