Castilla-La Mancha recibirá 236 millones más del Estado para reforzar la atención a la dependencia hasta 2027

La financiación estatal para el sistema aumentará un 50% en dos años y permitirá mejorar la atención a más de 82.000 personas con prestaciones reconocidas en la región

 

Castilla-La Mancha recibirá 236,5 millones de euros adicionales del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), tras la aprobación por el Consejo de Ministros del real decreto-ley que incrementa las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido.

 

La medida forma parte de la mayor inversión realizada hasta la fecha en el sistema de dependencia. En el conjunto del país, el Ejecutivo destinará 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para reforzar la financiación del SAAD, una reforma estructural que permitirá duplicar la aportación estatal respecto a 2025 y que quedará blindada por ley.

 

En Castilla-La Mancha, el incremento se traducirá en una financiación extraordinaria de 236.555.316 euros durante los dos próximos ejercicios, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, elaboradas a partir de los datos del Imserso correspondientes al 31 de mayo de 2026.

 

Actualmente, la comunidad autónoma cuenta con 82.249 personas con prestaciones reconocidas dentro del sistema de dependencia, que serán las principales beneficiarias del aumento de la financiación estatal.

 

Más de 235 millones en 2026 y más de 314 millones en 2027

El incremento comenzará a aplicarse de forma inmediata. Desde el próximo 1 de julio, el Estado elevará las cantidades que transfiere mensualmente a las comunidades autónomas por cada persona dependiente atendida.

 

En el caso de Castilla-La Mancha, la financiación correspondiente al nivel mínimo alcanzará 235.335.588 euros en 2026, lo que supone 78.851.772 euros más que con el sistema anterior.

 

En 2027, la aportación ascenderá hasta 314.187.360 euros, es decir, 157.703.544 euros más que sin la reforma.

 

Según el Ministerio de Derechos Sociales, sin la ampliación aprobada esta semana la aportación estatal al nivel mínimo de la dependencia en Castilla-La Mancha se habría situado en 156.483.816 euros, muy por debajo de las cantidades previstas con el nuevo modelo.

 

Estas cifras corresponden únicamente al denominado nivel mínimo de financiación, es decir, las cuantías que el Estado aporta por cada persona con un grado de dependencia reconocido. A esta financiación habrá que añadir posteriormente la correspondiente al nivel acordado, la segunda vía de financiación estatal del sistema, cuya distribución se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD previsto para el 29 de junio.

 

Aumentan las cuantías por cada persona dependiente

La reforma incrementa especialmente la financiación destinada a las personas con mayores necesidades de apoyo.

 

Las cuantías correspondientes al grado III o gran dependencia aumentan un 128%, pasando de 290 a 660 euros mensuales por persona.

 

En el grado II o dependencia severa, la financiación se duplica, al pasar de 130 a 260 euros mensuales, mientras que en el grado I o dependencia moderada el incremento es del 18%, elevándose de 76 a 90 euros al mes.

 

El Gobierno sostiene que este nuevo sistema permitirá a las comunidades autónomas seguir reduciendo las listas de espera, contratar más profesionales, mejorar sus condiciones laborales y ampliar servicios como la ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia.

 

Reforma del modelo de cuidados

La ampliación presupuestaria constituye además uno de los pilares de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.

 

Entre las medidas previstas figuran el impulso de nuevos modelos de convivencia en viviendas compartidas, la incorporación de productos de apoyo para favorecer la autonomía personal, el refuerzo de la asistencia personal, la ampliación de la ayuda a domicilio y el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal que deberá complementarse con otros servicios.

 

Asimismo, la reforma contempla medidas para reducir la burocracia, agilizar el acceso a las prestaciones y mejorar la calidad del empleo en el sector de los cuidados, con el objetivo de responder al envejecimiento progresivo de la población y consolidar un modelo de atención más centrado en la persona.

 

Con esta inversión, el Gobierno prevé que en 2027 la aportación estatal alcance el 50% del gasto total del sistema de dependencia, cumpliendo así el compromiso adquirido para reforzar la financiación del SAAD y facilitar la implantación del nuevo modelo de cuidados en todo el país.