La partida, aprobada por el Consejo de Ministros, financiará programas sociales gestionados por la Junta y entidades del Tercer Sector
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la distribución de 23,8 millones de euros para Castilla-La Mancha procedentes de la recaudación del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, destinados a financiar programas de interés social en la comunidad autónoma.
La partida forma parte de los 432,8 millones de euros que el Gobierno distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla. El importe supone un 15% más que el año pasado, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy.
Los fondos se destinarán a programas de atención a personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad. Las ayudas serán gestionadas posteriormente por las comunidades autónomas mediante sus correspondientes convocatorias y podrán acceder a ellas entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos.
Criterios para el reparto
La distribución de los fondos se ha realizado atendiendo a 13 criterios objetivos, entre ellos la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial y el número de familias monomarentales.
También se han tenido en cuenta las tasas de envejecimiento y discapacidad. El sistema garantiza, además, porcentajes mínimos de la distribución para La Rioja, con un 1,02%; Ceuta, con un 0,80%, y Melilla, con un 0,81%.
La propuesta deberá pasar ahora por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una vez completado este trámite, serán los gobiernos autonómicos los encargados de publicar y gestionar sus respectivas convocatorias.
Más de 10.000 proyectos financiados
El Ministerio recuerda que en la convocatoria de 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos destinados a la atención directa a la ciudadanía. Entre los colectivos beneficiarios se encontraban personas con discapacidad, el pueblo gitano, personas mayores, infancia y familias.
El actual modelo de reparto se basa en el acuerdo alcanzado en 2021 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El sistema establece dos tramos de financiación: uno estatal, que concentra el 20% de la recaudación, y otro autonómico, que recibe el 80%.
Este último porcentaje se transfiere a las comunidades autónomas de régimen común para que, dentro de sus competencias, publiquen sus propias convocatorias de subvenciones.
El acuerdo tenía inicialmente una vigencia de cinco años, hasta junio de 2026. Ante su vencimiento, el Ministerio de Derechos Sociales ha impulsado una prórroga de dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028, que incluye la ejecución de los programas durante 2029.
La medida permitirá mantener el actual sistema de distribución de los fondos del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades y dar continuidad a los programas sociales que se desarrollan en las comunidades autónomas.
