El medio rural reclama una ley estatal contra la despoblación y un régimen propio para los pequeños municipios

El II Foro de Desarrollo Rural, celebrado en Sigüenza, reúne a unas 900 personas y aprueba un manifiesto con 12 medidas sobre financiación, fiscalidad, vivienda, agua, energía y servicios públicos

 

Los pequeños municipios quieren tener un marco legal y financiero adaptado a su realidad. Esa es una de las principales reivindicaciones recogidas en el Manifiesto por los pequeños municipios y el futuro del medio rural, aprobado este viernes en Sigüenza durante el II Foro de Desarrollo Rural, que ha reunido a unas 900 personas procedentes de 12 comunidades autónomas y 34 provincias.

El documento plantea 12 propuestas para combatir la despoblación y favorecer el desarrollo de los pueblos, entre ellas la aprobación de una Ley Estatal frente a la Despoblación y la creación de una Ley Nacional del Pequeño Municipio de España. Los promotores reclaman también cambios en la financiación, bonificaciones fiscales, el refuerzo de los Grupos de Desarrollo Rural y del programa LEADER, una normativa urbanística adaptada al medio rural y un mayor retorno para los territorios que producen energía.

 

La propuesta de una Ley Estatal frente a la Despoblación pretende extender al conjunto de España políticas que ya se han desarrollado en Castilla-La Mancha, con medidas económicas, sociales, fiscales, territoriales y de planificación que permitan garantizar a los habitantes del medio rural el acceso a servicios y oportunidades en condiciones de igualdad.

 

El manifiesto sitúa la dimensión del reto en los 6.807 municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, que representan el 83,7% del total de municipios españoles y ocupan aproximadamente el 71% de la superficie nacional. En ellos viven 5,72 millones de personas, el 11,6% de la población española.

 

Por ello, el documento reclama también que las Cortes Generales promuevan una Ley Nacional del Pequeño Municipio que reconozca la singularidad administrativa, financiera, competencial y organizativa de las localidades de menos de 5.000 habitantes y establezca un régimen jurídico adaptado a sus circunstancias.

 

Más financiación y apoyo a los pueblos

La financiación ocupa otro de los ejes centrales del manifiesto. Sus impulsores reclaman que el sistema de financiación local y autonómica tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos en los pequeños municipios y factores como la dispersión territorial, la baja densidad de población o la distancia respecto a los grandes núcleos urbanos.

 

También plantean revisar la organización y asistencia administrativa de los municipios de menos de 5.000 habitantes, simplificar los procedimientos de contratación pública y crear mecanismos específicos de financiación y asistencia técnica para afrontar los costes administrativos y profesionales.

 

En materia fiscal, el documento propone un régimen específico para los pueblos afectados por la despoblación, con bonificaciones reforzadas en el IAE, el IBI y determinadas tasas municipales. También plantea aplicar un IVA del 0% a los productos de primera necesidad y del 7% al resto.

 

Entre las medidas reclamadas figura además un complemento del 25% del salario para los empleados públicos que fijen su residencia en municipios rurales, así como que esta residencia sea valorada como mérito en los concursos-oposición.

 

Para autónomos y pequeñas empresas, el manifiesto propone bonificaciones del 50% en las cuotas, con el objetivo de compensar los gastos adicionales que soportan en los entornos rurales. A ello suma medidas para favorecer el relevo generacional y mejorar la modernización y competitividad de las explotaciones agrícolas y las empresas.

Blindar el programa LEADER

El papel de los Grupos de Desarrollo Rural es otra de las reivindicaciones centrales. El manifiesto pide reforzar estas entidades y blindar presupuestariamente el programa LEADER, manteniendo una reserva mínima obligatoria del 5% de los recursos destinados al desarrollo rural.

 

También plantea adaptar la normativa urbanística y territorial a las características del medio rural, con procedimientos administrativos más ágiles y proporcionados a la dimensión de los proyectos.

 

En paralelo, reclama una política específica de vivienda rural que permita movilizar viviendas vacías, rehabilitar el parque residencial existente y facilitar suelo para nuevas construcciones.

 

Agua, energía y servicios públicos

El agua y la energía ocupan otro apartado del documento. En materia hidráulica, los firmantes solicitan al Gobierno de España que priorice políticas que permitan mantener agua almacenada y garanticen su disponibilidad y abastecimiento en el medio rural.

 

Respecto a la energía, el manifiesto recuerda que los territorios rurales son productores y reclama que esa aportación se traduzca en retornos económicos, sociales y territoriales efectivos para los municipios y sus vecinos. Como medida concreta plantea un bono del 25% sobre la potencia instalada y la energía consumida, una propuesta que también extiende a los operadores de telefonía.

 

El documento reclama asimismo una conectividad digital de calidad y una red de movilidad adecuada, pero advierte de que la digitalización no debe sustituir los servicios presenciales que siguen siendo necesarios en los pueblos.

 

Otra de las propuestas pasa por reconocer jurídicamente la población vinculada, en referencia a las personas que emigraron, sus descendientes y las familias que regresan a sus pueblos durante vacaciones o fines de semana, para que sea tenida en cuenta en los modelos de financiación regional y estatal.

 

Por último, el manifiesto plantea impulsar la creación de una Federación de Pequeños Municipios (FEPM) que permita defender los intereses de estas localidades ante las distintas administraciones e instituciones públicas.

 

Ortega: "Mantener vivos nuestros pueblos es una cuestión de país"

Durante la clausura del Foro, el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, defendió que "mantener vivos nuestros pueblos no es solamente una cuestión rural, sino que es una cuestión de país".

 

Ortega reclamó que las propuestas aprobadas no se queden únicamente en el documento y señaló que "ahora tenemos que conseguir que estas propuestas no se queden en un documento, sino que se conviertan en realidad". En este sentido, afirmó que "el futuro rural no depende de una única medida, depende de muchas piezas que tienen que encajar, y los Grupos de Desarrollo Rural son el engranaje perfecto".

 

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, destacó durante su intervención que tanto la ley como la estrategia regional contra la despoblación "son un verdadero éxito desde el inicio". Según señaló, una de cada cuatro personas que han llegado a Castilla-La Mancha lo ha hecho al medio rural y se está produciendo crecimiento en todas las comarcas.

 

"Castilla-La Mancha va a hacer sus deberes y confiamos en que el Gobierno de España y los grandes partidos políticos que tienen representación también lo hagan", afirmó Bellido, quien vinculó además la prestación de servicios públicos con la necesidad de una financiación adecuada.

 

"Si queremos mantener servicios es esencial una financiación justa", señaló. Bellido recordó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas peor tratadas en este ámbito y añadió que "no es justo que quien más aporte, reciba más", porque, a su juicio, es lo contrario lo que garantiza la igualdad.

 

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, animó a continuar trabajando por los pueblos y definió el Foro como "la foto del compromiso compartido de todos los territorios por conseguir un futuro mejor para todas las personas que residen en los medios".

Martínez Lizán también recordó la importancia de los fondos LEADER y del trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural.

 

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, cerró las intervenciones agradeciendo la asistencia y destacando la importancia tanto del encuentro celebrado en Sigüenza como de los acuerdos incluidos en el manifiesto.

 

El documento ha sido rubricado por el presidente de RECAMDER y FADETA, Jesús Ortega; el presidente de ADAC, Vicente Hita; la presidenta de ADASUR, Esperanza Magán; y el presidente de Molina de Aragón-Alto Tajo, Jesús Alba. Los representantes de los grupos de desarrollo rural entregaron además una copia del manifiesto a las autoridades presentes en la clausura.