Castilla-La Mancha amplía 20 deducciones del IRPF para llegar a 30.000 contribuyentes más

La Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2027 también incluye medidas contra la exclusión financiera, cambios en la gestión ambiental y la suspensión de nuevas autorizaciones de casinos hasta 2031

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativa, conocida como Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales de 2027. La norma contempla ampliar los límites máximos de renta de 20 deducciones autonómicas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), una modificación con la que el Ejecutivo regional calcula que podrán beneficiarse 30.000 contribuyentes más.

 

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado la aprobación este martes, 20 de octubre, durante una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. El proyecto se remitirá ahora a las Cortes de Castilla-La Mancha para iniciar su tramitación parlamentaria.

 

La modificación fiscal busca ampliar el número de personas que pueden acceder a las deducciones autonómicas al elevar los umbrales de renta exigidos. Según ha explicado Ruiz Molina, se "aumentan los límites de renta máxima a las que están sujetas 20 deducciones autonómicas en el IRPF".

 

El alcance concreto de cada modificación dependerá de la redacción definitiva de la norma y de su aprobación parlamentaria.

 

La ley incluye medidas administrativas y ambientales

El proyecto se estructura en tres grandes bloques: medidas administrativas, simplificación administrativa y racionalización normativa, y medidas tributarias.

 

En el ámbito administrativo, el texto plantea modificar distintas leyes para mejorar la prevención y la gestión de los incendios forestales, así como los procedimientos relacionados con los planes, programas y proyectos sometidos a evaluación ambiental.

 

Otra de las medidas consiste en suspender la concesión de nuevas autorizaciones para casinos de juego en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre de 2031.

 

La ley también incorpora actuaciones para reforzar la lucha contra la exclusión financiera. Para ello, propone modificar el destino que puede darse al Fondo de Promoción y Formación de las cooperativas de crédito.

 

Menos trámites y nuevas reglas para aprobar normas

El segundo bloque está orientado a simplificar los procedimientos administrativos y racionalizar la normativa autonómica, en línea con la Ley 4/2025, de 11 de julio, de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha.

 

El objetivo es mejorar la eficiencia de la gestión pública y optimizar la prestación de los servicios. Para ello, el proyecto incluye disposiciones destinadas a regular con mayor precisión el silencio administrativo desestimatorio y a eliminar de distintas leyes autorizaciones que la Administración considera excesivamente onerosas o innecesarias.

 

En materia de racionalización normativa, la iniciativa introduce la denominada regla "una por otra". Según ha detallado el consejero, cuando se apruebe una nueva norma deberá valorarse la derogación de, al menos, otra disposición de igual o inferior rango. La finalidad es evitar que la acumulación de normas genere trámites, costes burocráticos y obligaciones innecesarias para las empresas y la ciudadanía.

 

Además, el texto exige justificar de manera detallada la necesidad de solicitar informes a órganos colegiados de consulta y asesoramiento. Esa justificación también será necesaria cuando se proponga crear un nuevo órgano de este tipo, para acreditar que sus funciones no pueden ser asumidas por otro ya existente.

 

El objetivo es que las dos leyes entren en vigor en enero de 2027

Ruiz Molina ha destacado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha presentado "en tiempo y forma" tanto el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 como la Ley de Acompañamiento.

 

La previsión del Gobierno regional es que ambas normas completen su tramitación parlamentaria y entren en vigor de forma simultánea el 1 de enero de 2027.

 

La aprobación del proyecto por el Consejo de Gobierno constituye el primer paso del procedimiento legislativo. Las medidas fiscales y administrativas anunciadas deberán seguir ahora su recorrido en las Cortes regionales antes de convertirse, en su caso, en normas definitivas.