El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de la Junta para 2027, con la que solicita su devolución al Consejo de Gobierno. El portavoz adjunto y de Hacienda del PP, Santiago Serrano, considera que las cuentas mantienen una tendencia de "más impuestos, más deuda y peores servicios públicos", pese a disponer de más recursos que nunca.
Serrano ha presentado la iniciativa como resultado de un análisis del proyecto presupuestario, que asciende a 13.587 millones de euros, un 5,3 % más que en 2026. El diputado popular ha centrado sus críticas en el incremento de la recaudación tributaria, el incumplimiento de las reglas de estabilidad, la reiteración de inversiones pendientes y las carencias que, a su juicio, persisten en servicios como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.
El proyecto contempla un límite de gasto no financiero de 10.019,3 millones de euros, un 11,3 % más que el ejercicio anterior. Serrano considera, sin embargo, que el aumento de los recursos no se traduce en una mejora equivalente de los indicadores económicos y sociales de la comunidad autónoma.
Entre los argumentos para justificar la enmienda, el PP señala que las previsiones del propio Gobierno regional sitúan el crecimiento económico de Castilla-La Mancha en 2027 por debajo de la media nacional. También alude a las estimaciones de BBVA Research, que ha rebajado su previsión de crecimiento para la comunidad hasta el 1,8 %.
La formación popular pone el foco en la renta per cápita, que cifra en 27.307 euros, la cuarta más baja de España y 6.930 euros inferior a la media nacional. La distancia respecto a la media de la Unión Europea supera los 14.000 euros.
En el mercado laboral, Serrano sostiene que Castilla-La Mancha presenta la tercera tasa de paro más elevada del país. El desempleo juvenil alcanza, según los datos que maneja el PP, el 31,09 %, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas, mientras que la tasa de paro femenino supera en más de tres puntos y medio la media nacional.
El diagnóstico de los populares incluye también los indicadores de pobreza y exclusión social. Según las cifras aportadas por Serrano, el 34 % de la población regional, unas 724.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, lo que sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad con mayor tasa. La pobreza infantil alcanza el 43,4 %.
A estos indicadores suma el encarecimiento del coste de la vida. El diputado asegura que la inflación acumulada desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional es del 33,7 %, la más elevada de España, y que los alimentos han subido más de un 49 %.
Uno de los principales reproches de la formación popular se dirige a las previsiones de ingresos tributarios. Según el análisis del grupo parlamentario, la Junta espera recaudar en 2027 un 20,89 % más por impuestos directos, lo que supone 549 millones de euros adicionales respecto al ejercicio anterior.
La previsión de ingresos por IRPF aumenta un 21,03 %, hasta rozar los 2.989 millones de euros. También crecen los ingresos previstos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, un 25,95 %, y por el Impuesto sobre el Patrimonio, un 28,29 %.
Por su parte, los tributos relacionados con la compra de vivienda, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, suman una previsión de 506 millones de euros, un 35 % más. En conjunto, los impuestos cuya regulación depende del Gobierno regional aumentan un 33,58 %, según los cálculos del PP.
Serrano sostiene que este incremento se produce sin una actualización de la tarifa autonómica del IRPF, que permanece sin cambios desde 2015. "Con la inflación más alta del país, eso significa que los castellanomanchegos pagan cada año más impuestos sin que nadie haya votado una subida. Es una subida de impuestos encubierta", ha afirmado.
El portavoz popular añade que los ingresos fiscales por habitante han aumentado un 51,4 % desde 2016 y que, según la Fundación Civismo, el tipo efectivo del IRPF en Castilla-La Mancha ya supera la media nacional.
Frente a este incremento, Serrano cifra en apenas 10 millones de euros el importe de las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo autonómico, según los datos remitidos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). También critica que las deducciones anunciadas alcancen a pocos contribuyentes y asegura que una familia con dos hijos y dos salarios medios paga más IRPF que en cualquier otra comunidad autónoma, salvo Cataluña.
Conviene precisar que el aumento de la recaudación prevista no implica necesariamente una modificación de los tipos impositivos, ya que también puede estar relacionado con la evolución de las rentas y de la actividad económica. El PP interpreta estas previsiones como un incremento de la presión fiscal sobre las familias.
La estabilidad presupuestaria constituye otro de los ejes de la crítica del PP. Serrano recuerda que Castilla-La Mancha incumplió la regla de gasto en 2025 y que, según el informe publicado por la AIReF el pasado 4 de noviembre, existe riesgo de volver a incumplirla en 2026 y 2027.
En concreto, la autoridad fiscal estima que el gasto computable crecerá un 4,5 % en 2026 y un 6,5 % en 2027, frente a los límites del 3,5 % y el 4 %, respectivamente.
La AIReF también advierte de que el proyecto presupuestario regional no incorpora estimaciones sobre el cumplimiento de esta regla y considera que el volumen de recursos y empleos previsto podría provocar una desviación superior a la referencia establecida para 2027.
Serrano ha criticado, además, que el Plan Económico-Financiero de la Junta no incluya medidas correctoras suficientes. "La AIReF considera que el Plan Económico-Financiero de la Junta no contiene medidas suficientes, y la respuesta del Gobierno ha sido que no considera necesario adoptarlas", ha señalado.
No obstante, el incumplimiento de la regla de gasto no equivale a registrar déficit presupuestario. De hecho, la AIReF contempla superávit para Castilla-La Mancha en 2026 y 2027, aunque advierte de los riesgos de desviación respecto a los límites de gasto.
El diputado popular también cuestiona las cifras de la Cuenta Financiera del proyecto, que, según su análisis, arroja una necesidad de financiación de 21,47 millones de euros y un aumento neto del endeudamiento de 50,25 millones.
En cuanto a la deuda pública, Castilla-La Mancha registraba en el segundo trimestre de 2026 una ratio del 28,1 % del PIB, según los datos del Banco de España. El mismo porcentaje correspondía a Cataluña, mientras que la Comunidad Valenciana y Murcia presentaban niveles superiores.
El PP denuncia, además, que el 86,5 % de la deuda regional depende de los mecanismos de financiación del Estado. Los intereses que pagará la Junta en 2027 aumentarán un 9,29 %, hasta los 350 millones de euros, según las cifras recogidas por Serrano. Esta cantidad equivaldría al 57 % de la inversión real prevista en el presupuesto.
El PP también cuestiona la capacidad de ejecución de las inversiones previstas. Según el análisis de Serrano, la inversión real cae un 10,11 %, hasta los 612 millones de euros, y siete de cada diez euros del anexo de inversiones corresponden a proyectos que ya figuraban en presupuestos anteriores.
El diputado popular asegura que un centenar de actuaciones estaban presupuestadas ya en 2020 o antes y que 72 mantienen exactamente la misma dotación, hasta el último céntimo, que en las cuentas de 2026.
En sanidad, Serrano sostiene que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con menos médicos por habitante, con 4,98 profesionales por cada 1.000 habitantes, frente a una media nacional de 6,51. También afirma que fue la región que menos incrementó esta ratio en 2025.
"Para alcanzar simplemente la media nacional harían falta más de 3.200 médicos. Y en enfermería, solo en 2025, más de 1.100 enfermeras se marcharon a otras comunidades. Formamos profesionales que acaban trabajando fuera", ha señalado.
La ejecución presupuestaria en Bienestar Social es otro de los aspectos cuestionados. Según los datos expuestos por el PP, entre 2016 y 2025 la Junta dejó sin ejecutar cerca de 1.000 millones de euros presupuestados en esta área, de los que más de 358 millones correspondían a programas destinados a personas dependientes, mayores y entidades sociales.
Serrano considera que esos recursos podrían haberse destinado a reducir las listas de espera de la dependencia, ampliar las plazas residenciales o reforzar el servicio de ayuda a domicilio. "El problema de Castilla-La Mancha ya no es la falta de recursos, sino la falta de gestión", ha afirmado.
En educación, el diputado popular denuncia que el incremento presupuestario se concentra prácticamente en el gasto de personal, mientras que otras partidas experimentan importantes descensos.
Entre ellos destaca el recorte del 70,59 % en Formación Permanente del Profesorado. También señala una reducción del 8,53 % en Promoción Educativa, que incluye partidas para material curricular, comedores y transporte escolar, y del 4,42 % en Educación Infantil y Primaria.
Además, sostiene que la inversión educativa sigue siendo un 39 % inferior a la de 2023.
La vivienda ocupa otro apartado de las críticas del PP. Serrano cifra en un 42,8 % el incremento del precio de compraventa desde 2015 y asegura que los jóvenes necesitan destinar el 44 % de su salario al alquiler, frente al 30 % que se considera recomendable.
El portavoz popular vincula esta situación al aumento de la recaudación por los impuestos que gravan la adquisición de vivienda y reprocha al PSOE su oposición a las medidas de rebaja fiscal incluidas en el plan del PP.
El análisis de las distintas consejerías también refleja, según Serrano, desequilibrios en la distribución de los recursos.
Desarrollo Sostenible registra el mayor recorte de todas las secciones presupuestarias, con una reducción del 35,12 %, que el diputado atribuye a la dependencia de los fondos europeos del Plan de Recuperación para financiar las políticas ambientales.
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural mantiene prácticamente congelada su dotación, pese a que el presupuesto global de la Junta aumenta un 5,3 %. Además, su inversión real cae cerca de un 60 %.
Por su parte, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pierde casi un 10 % de sus recursos.
Frente a las críticas del PP, el Gobierno regional defiende que los Presupuestos de 2027 refuerzan la financiación de los servicios públicos, la vivienda y el desarrollo empresarial, además de mantener el equilibrio presupuestario.
El proyecto, presentado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, asciende a 13.587 millones de euros, 683,7 millones más que en 2026.
La Junta cifra en 8.412 millones de euros los recursos destinados a financiar los servicios públicos fundamentales, un 12,5 % más que en el ejercicio anterior, sin contar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Por áreas, Sanidad contará con 4.611 millones de euros, un 13,6 % más; Educación dispondrá de 2.664 millones, cerca de un 10 % más, y Servicios Sociales alcanzará los 1.135 millones, con un incremento del 14 %.
El Ejecutivo autonómico también destaca los 270 millones de euros destinados a vivienda, 80 millones más que en el presupuesto anterior, y las nuevas deducciones fiscales previstas para familias, jóvenes, personas con discapacidad y mayores.
En cuanto a la estabilidad financiera, la Junta sostiene que las cuentas se han elaborado con déficit cero y sin necesidad de incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma.
Serrano, por su parte, ha defendido que Castilla-La Mancha necesita unas cuentas que reduzcan la presión fiscal sobre las familias, permitan contener la deuda y garanticen la ejecución de las inversiones anunciadas.
"Castilla-La Mancha merece unos presupuestos veraces, que alivien la presión fiscal de las familias, reduzcan de verdad la deuda, ejecuten lo que prometen y pongan la convergencia con España en el centro de la acción de gobierno", ha manifestado.
El diputado ha concluido que la enmienda a la totalidad registrada por el Grupo Popular busca que el proyecto vuelva al Consejo de Gobierno para su revisión. "Esta enmienda a la totalidad no es un gesto de oposición, sino un ejercicio de lealtad con Castilla-La Mancha", ha afirmado, antes de volver a reprochar al Ejecutivo de Page el aumento de la recaudación fiscal, el endeudamiento y la reiteración de inversiones pendientes de ejecución.
