En los últimos años, algunos sectores de la derecha y, en especial, de la ultraderecha, se han afanado en transmitir un peligroso mensaje racista y xenófobo: los inmigrantes vienen a España a “quitarnos” el trabajo.
Nada más lejos de la realidad. La inmigración legal no sólo contribuye al sostenimiento de la economía española a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que se ha convertido en un foco de mano de obra muy demandado por los empresarios, especialmente en la agricultura, la ganadería, los cuidados familiares, la logística y la hostelería.
Se trata de sectores en los que se exige menos cualificación, en los que se cobran salarios bajos y se trabajan demasiadas horas. Y esos son precisamente los empleos que no quieren los españolitos de a pie.
Por una parte, están los jóvenes en edad de trabajar, quienes en su mayoría tienen mayor cualificación académica que sus padres o abuelos y ansían empleos mejor pagados, a los que pueden esperar tranquilamente cobijados bajo el paraguas de la casa familiar en la que no les falta absolutamente de nada.
Por otra parte, las peores condiciones laborales, los bajos salarios y la mayor inestabilidad en la contratación, hacen que muchos nacionales prefieran continuar en las listas del paro antes de aceptar trabajos mal pagados y con demasiadas exigencias. Si no, no se explica que en un país con cerca de tres millones de parados, casi un tercio de las empresas reconocen tener dificultades para encontrar mano de obra.
Y no lo decimos nosotros. Desde hace casi dos décadas, las ONGs que trabajan con inmigrantes, el Defensor del Pueblo y los sindicatos vienen alertando de esta situación y de la necesidad de desarrollar mecanismos para que la inclusión sociolaboral de los inmigrantes sea plena y en igualdad de condiciones.
Según las cifras del Instituto Nacional, a 1 de enero de 2022 la población total del país era de 47.475.420 habitantes, de los cuales 5.542.932 eran extranjeros, es decir, un 11,68 %. En el caso de Guadalajara, la cifra supera los 37.000, un 13% del total de la población provincial. La mayor parte de ellos provienen de Europa, seguidos de los llegados del continente Americano, los africanos, los asiáticos y los australianos. Cerca del 15% cotizan a la Seguridad Social de la misma manera que los nacionales, contribuyendo así al sostenimiento de los servicios públicos y la calidad de vida del país.
No todo es color de rosa, evidentemente. Existe un porcentaje de extranjeros que, ante la falta de trabajo, recurre a la economía sumergida, un submundo en el que los españoles llevan subsistiendo desde hace años. Especialmente en los sectores de la construcción, los talleres mecánicos, el hogar, los cuidados de personas dependientes y la estética. Esta forma de “buscarse las habichuelas” no beneficia ni a los propios que la ejercen, que se enfrentan a importantes sanciones, sino a quienes la consienten y fomentan al tratar de ahorrarse unos euros y evitar pagar un sueldo digno y la seguridad social a aquellos y, especialmente a aquellas, que se encargan del cuidado de nuestros niños y mayores, sector en el que esta “economía iceberg” está masivamente extendida.
Capítulo aparte, por constituir una vulneración flagrante de los derechos humanos, merece el tema de la trata de personas con fines de explotación laboral del que ya les ofrecimos un amplio reportaje en El Decano. Recomendamos su lectura.
En un país en el que la natalidad cae en picado y con una población cada vez más envejecida, la mano de obra y el talento extranjeros son absolutamente necesarios. La dignificación e integración laboral de los inmigrantes en condiciones de igualdad, el freno a la economía sumergida, el refuerzo de la Inspección de Trabajo que impida situaciones de explotación laboral, la no discriminación en las contrataciones por el país de procedencia, la convalidación de títulos que permita acceder a trabajos cualificados y, sobre todo, el fin de las soflamas radicales en contra de los extranjeros, son las vías para garantizar el mantenimiento del Estado de Bienestar en un país como el nuestro, abierto, libre y solidario.
La inmigración complementa y enriquece a nivel sociocultural y económico. No “quita”, sino que suma. El símbolo de la resta se lo dejamos a los radicales y a los voceros de la exclusión, el racismo y la xenofobia.
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