De vuelta a los ‘pisos patera’

El acceso a la vivienda es un problema que está encallado desde hace demasiados años, a nivel nacional y, por supuesto, en la provincia, con una capital y un Corredor del Henares a tiro de piedra de Madrid que agudizan el prohibitivo precio que los ciudadanos han de pagar por comprar o alquilar un inmueble en el que vivir. 

El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Un derecho básico del que carecen demasiadas personas, especialmente los jóvenes y las familias más vulnerables.

Lo peor de todo es que en este país parece que no aprendemos. Tras estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, que trajo consigo una crisis económica sin precedentes de la que todavía hoy nos estamos resintiendo, ha surgido otra burbuja: del alquiler. La parálisis en la compra, agudizada por el astronómico precio de las hipotecas, y la existencia de numerosos inmuebles vacíos, ha llevado a los propietarios a optar por el arrendamiento. La gran demanda y la escasa oferta han provocado un incesante aumento del precio de los alquileres, que parece no tener fin, a pesar de que la Ley de Vivienda aprobada en primavera se vendió como la gran panacea frente a la especulación.

En Guadalajara, el precio medio del alquiler de un piso supera los 8 euros el metro cuadrado. ‘Barato’, si lo comparamos con los precios desorbitados de la vecina Comunidad de Madrid. Así, es completamente imposible que los más jóvenes y las economías más bajas puedan acceder a una vivienda digna. Sueldos demasiados precarios, contratos a tiempo parcial, alimentos y energía disparados y un largo etcétera de problemas, lo hacen completamente imposible. Pagar hasta 700 euros por minipisos en el casco histórico o más de 500 euros en un barrio de la periferia no está al alcance de sus bolsillos. 

Todo ello ha obligado a muchos a buscarse la vida alquilando habitaciones por las que les cobran un buen puñado de euros. Y no hablamos de esos divertidos pisos de estudiantes de antaño, sino de habitáculos en los que tienen que convivir familias compartiendo estancias comunes con otras personas. Se ha vuelto así a los llamados ‘pisos patera’, que en los años 2000 estaban habitados por inmigrantes recién llegados a nuestro país y por personas sin papeles, que levantaron no poca polémica. 

En muchas comunidades de vecinos de Guadalajara pueden atestiguar que, a día de hoy, los ‘pisos patera’ son una realidad y están muy lejos de ser controlados por las autoridades. Casas de 60 ó 70 metros cuadrados en las que conviven hasta tres y cuatro familias en condiciones precarias e incluso de hacinamiento. 

La oferta de pisos en alquiler en Guadalajara es prácticamente nula y la demanda demasiado elevada. Se allana así el camino a la especulación y a los cobros abusivos por parte de los propietarios, que aumentan su cuenta de beneficios sin ningún escrúpulo y, lo que es peor, sin ningún control. 

Ante este panorama, en los últimos años, las administraciones competentes han optado por fomentar la construcción de viviendas protegidas mediante la fórmula público-privada. Es decir, se ceden terrenos públicos para que las empresas privadas construyan y gestionen pisos en régimen de protección. Los objetivos: intervenir en el precio de los alquileres, especialmente en las zonas más tensionadas, y favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos más desprotegidos.

Una fórmula que tampoco parece estar funcionando. Ya le ocurrió a Ayuso en Madrid con su ‘Plan Vive’, y lo mismo ha ocurrido en Guadalajara con el ‘Plan 10.000’ del Gobierno regional, que preveía la construcción de 310 viviendas de alquiler asequible en la capital. Ninguna, repetimos, ninguna empresa se ha presentado a la licitación de las parcelas cedidas por el Ayuntamiento, que ha quedado desierta. Y es que los especialistas ya advertían que los grandes fondos de inversión, los únicos capacitados para asumir los riesgos de estas operaciones, no están dispuestos a perder dinero. Si bien obtendrían suelo gratis y una subvención de 14 millones de euros de fondos europeos, la construcción de los cuatro bloques previstos supondría un coste de casi 30 millones de euros. Al estar obligados a cobrar un alquiler un 30% más barato que el de mercado, los beneficios a obtener iban a ser más bien exiguos. 

La Junta de Comunidades ya ha anunciado que cambiará el pliego de condiciones para hacerlo más atractivo a los posibles licitadores, pero le auguramos muy poco futuro a este invento. Porque poco o nada les interesa la necesidad y el derecho a tener un hogar de los más vulnerables, para los que es misión imposible acceder a una vivienda que convertir en su hogar.

En pleno siglo XXI, el mal llamado siglo de las libertades y de los derechos, una buena parte de la población -hombres, mujeres y niños- se ve obligada a malvivir o a posponer sus planes de futuro.

Y, sin ningún sonrojo de las administraciones, demasiados vecinos de esta ciudad regresan cada día a una vivienda que nunca será suya, a una vivienda cuyo alquiler que se les come casi el sueldo mensual. O lo que es peor, a una habitación inhabitable de un ‘piso patera’ donde cuatro paredes hacen las veces de hogar. Lamentable.