EDITORIAL. Saqueadores de agua

Contentos, sonrientes y enseñando dientes (“que es lo que les jode”, según las palabras de una famosa tonadillera española) posaban para una foto institucional el pasado 30 de abril el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. El motivo de su felicidad era la ‘celebración’ de los 45 años del trasvase Tajo-Segura, un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo -Segura en Valencia. 

Aprovechando tan ‘festivo’ acto, los más altos representantes de las comunidades, que llevan años esquilmando las reservas de agua de Entrepeñas y Buendía, aprovecharon para anunciar que Murcia, Valencia, Andalucía y Madrid, se han unido "por primera vez" en la presentación de alegaciones a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Un "acto histórico", según lo calificó el presidente valenciano. El objetivo: "Que el trasvase se mantenga", textualmente.

Y mientras la ‘cuchipandi’ del ‘frente popular’ andaba regocijándose en Valencia, en la provincia de Guadalajara llevamos 45 años de luto por el saqueo constante del agua de Entrepeñas y Buendía. A poco que recuperan algo de capacidad, en el Levante se frotan las manos ante la desesperación y la indignación de los municipios ribereños, que llevan años clamando en el desierto que se pare esta sangría YA. 

Ayer jueves, finalizaba el plazo de presentación de alegaciones a la Consulta Pública que ha dado al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la modificación de la normativa que actualizará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido un documento basado en criterios técnicos y científicos con el que se pretende revertir las reglas de modo que se garantice agua en cantidad y calidad suficiente para la región y para el Tajo; la desalación como alternativa al trasvase; las demandas de gestión y planificación de la cuenca cedente, y los caudales ecológicos, como indica la UE y avalan las cinco sentencias del Tribunal Supremo.

Sin entrar en tecnicismos, básicamente se trata de poner por delante los intereses de la cuenca cedente, garantizar el estado ecológico del río, asegurar una lámina estable de agua y unos niveles superiores a los actuales a partir de los cuales sería imposible trasvasar y favorecer el desarrollo de las poblaciones del entorno de los pantanos, que han visto cómo la falta de agua ha afectado al sector turístico, con cierre de negocios, paro y despoblación. Por no hablar de la necesidad de abastecerse con cisternas en verano cuando tienen el agua a los pies de sus viviendas. 

Lo más importante de este texto es que cuenta con el respaldo mayoritario de los representantes de diferentes sectores de la sociedad castellanomanchega y, por primera vez, con el apoyo de una resolución conjunta del Partido Popular y el Partido Socialista en las Cortes Regionales. 

Los diputados regionales de Vox, con su política claramente trasvasista y negacionista del cambio climático y sus dramáticas consecuencias, son caso aparte. Votaron en contra de las alegaciones del PSOE, proponiendo un Pacto Nacional del Agua basado en la creación de más pantanos y en la interconexión de cuencas para convertir España en una especie de parque temático acuático para repartir el agua entre todos, con independencia de dónde vivan. Por favor, señores de Vox, bájense de la burra y defiendan los intereses de esta tierra en materia hídrica. Aunque sólo sea por una vez. 

Otro que tampoco está por la labor es el Ayuntamiento de Guadalajara, que está más ocupado en subir el IBI a los vecinos que en unirse al carro de la defensa del agua. En la sesión plenaria del pasado mes de abril, el equipo de Gobierno rechazó el debate de una moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal del PSOE para pedir agua en cantidad y calidad suficiente para Guadalajara, Castilla-La Mancha y el Tajo. Otra oportunidad perdida por PP y Vox para demostrar que, realmente, apuestan por la defensa de la región y de la provincia de la que nuestra ciudad es la capital y no sólo por mantenerse en sus poltronas. Todo lo contrario de lo que sucedió en la Diputación Provincial, donde se fijó una posición contundente al respecto. 

Estamos ante un momento que puede marcar un antes y un después en materia hídrica en una región y una provincia que han demostrado de sobra su solidaridad en materia de agua. 

La decisión que tome el Gobierno de España sobre las nuevas normas del trasvase debe ser, no sólo cristalina en sus consideraciones técnicas, sino valiente. Sin injerencias ni presiones del frente común de Murcia, Valencia, Alicante y Madrid, cuyas pretensiones son una auténtica apisonadora para los intereses de Guadalajara. 

La norma actual que regula el trasvase se diseñó para enviar agua a mansalva al Levante con el objeto de regar cultivos para los que su clima no está ni de lejos preparado, para abastecer gigantescos campos de golf y para que unos cuantos vampiricen ilegalmente tan escaso recurso.

Guadalajara y Castilla-La Mancha, que nunca han negado ni negarán los trasvases de agua para consumo humano, están defendiendo unos derechos hídricos que son de justicia.

Madrid, Murcia, Andalucía y Valencia amenazan. Según declaró el presidente valenciano en la ‘fiesta trasvasista’, no quieren ser “la generación que vea morir el trasvase”. 

Mayor insolidaridad no cabe. Ni mayor insulto a nuestros pueblos ribereños. 

Como diría aquel: “¡Qué tropa, joder, qué tropa!”.   

El Decano de Guadalajara te agradece la lectura de este artículo. Para seguir creciendo ¡COMPARTE en tus redes sociales!