Organizaciones medioambientales y senderistas recurrirán la modificación de la Ley de Caza ante el Defensor del Pueblo y el Gobierno central

La modificación que permite la caza en el entorno de vías públicas y pecuarias, caminos y senderos, acaba de ser publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un trámite necesario para iniciar la reclamación ante estos organismos

Diversas organizaciones medioambientales y senderistas reclaman la intervención del Defensor del Pueblo y el Gobierno central, a través de los ministerios competentes, ante la modificación de la Ley de Caza por la que se permite la caza en el entorno de vías públicas y pecuarias, caminos y senderos, que acaba de ser publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Tal y como señala la organización Ecologistas en Acción en un comunicado de prensa, estas organizaciones que ya han llevado a cabo una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org, así como diversas movilizaciones contra la medida, piden que tomen cartas en el asunto teniendo en cuenta que “esta norma contraviene derechos fundamentales de la ciudadanía, como el de libre circulación, y normativa estatal básica, como la que regula las vías públicas y pecuarias, los caminos y los senderos públicos”.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, la Federación de  Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos Castilla-La Mancha cuentan con el apoyo de cerca de 100 organizaciones y de miles de personas que se han movilizado contra esta medida.

Asimismo, indican que las denuncias, que ya están en fase de borrador, estaban pendientes de la publicación de la modificación de la Ley de caza en el DOCM, necesario para poder reclamar la intervención de estos organismos a nivel estatal en un proceso que puede terminar en el Tribunal Constitucional.

Las organizaciones denunciantes lamentan que “el Gobierno y el PSOE de Castilla-La Mancha hayan hecho caso omiso a las propuestas de diálogo y concertación que se les han trasladado para evitar un conflicto a mayores”, al considerar “que en nada beneficia la imagen de esta comunidad autónoma y que perjudica a la mayor parte de quienes la habitan y la visitan”.

Además, se muestran disconformes con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno regional y afirman que con esta norma “no se pretenda garantizar la seguridad de quienes no cazan y hacen uso pacífico de estas vías”, algo que aseguran no se contempla en la motivación del cambio normativo”, sino que, según dicen, “responde a una reiterada petición de los grandes cotos de caza incluida en el Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, argumentan que “la seguridad de terceros está ya garantizada legalmente por la normativa que regula las zonas de seguridad y la nueva norma lo que hace en realidad es generar inseguridad jurídica sobre su aplicación y, por lo tanto, también mayor inseguridad sobre el terreno”.

Por último, critican la forma en la que se ha tramitado esta modificación ante la falta de “transparencia y participación” y añaden que el Tribunal Constitucional ha estimado denuncias similares.