El CSN informa favorablemente el 7º Plan General de Residuos Radioactivos que aleja el fantasma del ATC

El nuevo PGRR sustituye el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que el Gobierno de Rajoy aprobaba en 2011 en Villar de Cañas, por Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en las centrales nucleares, para la gestión del combustible gastado y los residuos nucleares de alta actividad hasta su traslado a un Almacen Geológico Profundo que estará en funcionamiento en 2073

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en su reunión semanal, ha dado su visto bueno al 7º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) que elimina de la ecuación el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que el Gobierno de Rajoy había aprobado en Villar de Cañas (Cuenca), sustituyéndolo por Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en las centrales nucleares para la gestión del combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo: un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) que entraría en funcionamiento en 2073.

Una vez cuenta con este informe favorable, que es preceprivo, pero no vinculante, solicitado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a principios de noviembre, y se escuche a las comunidades autómomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, corresponde al Consejo de Ministros aprobar este nuevo Plan General de Residuos Radiactivos.

El 7º PGRR que ha recibido el visto bueno del CSN es el resultante del periodo de exposición pública y consultas al que se sometía el documento inicial entre el 12 de abril y el 16 de junio de 2022, con los correspondientes análisis y alegaciones.

Tal y como indica el CSN en su página web, el informe emitido  "se centra en los aspectos que son competencia del CSN en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado".

En la actualidad, explican, parte del combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad se gestionan en Almacenes Temporales Individualizados (ATI) situados en el propio emplazamiento de las centrales nucleares y el PGRR plantea la creación o adaptación de estas instalaciones en Almacenes Temporales Descentralizados (ATD), "siempre con un proceso previo de licenciamiento que el titular deberá solicitar en su momento ante la correspondiente autoridad competente, que tendrá que ser informado preceptivamente por el CSN de acuerdo con la reglamentación vigente".

El fantasma del ATC  regresaba en forma de enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado para su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), junto con un centro tecnológico asociado, tal y como aprobó el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2011, cuando María Dolores Cospedal se encontraba al frente del Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Una polémica candidatura a la que también se había postulado el municipio guadalajareño de Yebra, junto con otras 11 posibles ubicaciones.

No obstante, este 7º PGRR revisado establecería un planteamiento muy distinto, que evita el desplazamiento de los residuos gastados desde las respectivas centrales nucleares a un almacén centralizado, lo que supondría que la provincia de Guadalajara guarde el combustible gastado de la central José Cabrera, de Almonacid de Zorita, la primera en construirse en España, entre 1965 y 1968, actualmente desacoplada de la red eléctrica y en fase de desmantelamiento, y de la central de Trillo, la última en entrar en funcionamiento, el 6 de agosto de 1988.

Esta versión revisada del 7º PGRR es el instrumento para establecer la política sobre gestión de residuos radiactivos y sobre el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, que plantea un escenario de cese de operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios, así como el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto la de Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) informaba el 7 de noviembre en un comunicado de prensa sobre la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el preceptivo informe sobre este 7º PGRR previsto en la Ley sobre energía nuclear y a las comunidades autónomas el informe en materia de ordenación del territorio y medio ambiente y adelantaba otras de las cuestiones relevantes que recoge este Plan como la continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento; o la continuidad del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), para residuos de muy baja, baja y media actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales.

Una vez recibidos los informes, el Miteco elaborará la propuesta final del 7º PGRR, que se remitirá al órgano ambiental para que formule la Declaración Ambiental Estratégica. Finalmente, será aprobado por el Consejo de Ministros y se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.

El informe semitido por el CSN sobre la versión revisada del 7º PGRR es independiente de los informes vinculantes, relativos a la seguridad nuclear, la protección radiológica y la protección física, que debe emitir la entidad con carácter previo a las autorizaciones que el Miteco concede para el ejercicio de las actividades de Enresa, que se contemplan en el 7º PGRR.