No se hicieron públicos hasta el año pasado. Las víctimas fueron cuatro menores de edad: tres niñas y un niño. Los agresores: dos sacerdotes y un laico
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, compareció el pasado 15 de octubre en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para presentar el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria’. Se trata de la tercera presentación que realiza a las instituciones del Estado, después de que en octubre de 2023 presentara el Informe a la presidenta del Congreso de los Diputados y días después, en noviembre, al presidente del Gobierno.
En este documento, de 777 páginas de extensión se trata -en palabras de Gabilondo- de "dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio y subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos".
Durante su comparecencia, Ángel Gabilondo recalcó que toda la información recabada responde a "una necesidad social, ética y política expresada por la ciudadanía". Y añadió que “a la par, y esto es lo decisivo, responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo. Para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Ellas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe”.
El documento recopila más de 600 experiencias de abusos documentadas y validadas, así como los resultados de una encuesta demoscópica realizada a cerca de 8.000 personas en las que un 0,6 por ciento de los entrevistados reconocía haber sido agredido sexualmente por un sacerdote o personal religioso católico.
Además, se incluyen los datos recabados por la Unidad de Atención a las Víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia católica de la Oficina del Defensor, el Foro de Asociaciones de Víctimas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia de Religiosos de España (Confer), así como a las diversas diócesis e institutos de vida consagrada.
Respecto a la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, se comunicaron tres casos de abusos sexuales en el seno de la iglesia en la provincia que hasta el año 2023 habían permanecido ocultos. El Defensor apenas proporciona datos de los casos porque ha optado por mantenerlos reservados, si bien en muchos casos la Iglesia tampoco se los ha proporcionado y los ha ocultado.
Las víctimas fueron cuatro menores de edad: tres niñas y un niño. Respecto a la condición eclesiástica de los agresores, dos de ellos fueron sacerdotes y uno laico (sin orden clerical pero con participación activa de en la vida de la iglesia, especialmente en la catequesis).
Uno de los casos reconocidos se registró entre los años 1960 y 1969, otro de ellos entre 2000 y 2023 y sobre el tercero, la Diócesis no ha comunicado el año de comisión de los abusos al Defensor del Pueblo. Tampoco ha proporcionado más datos sobre los lugares en los que ocurrieron los hechos.
Respecto a las intervenciones contra los presuntos los agresores, el informe refleja que dos de los casos derivaron en procedimientos civiles ante la Justicia y en otros dos se abrieron procedimientos canónicos.
El Defensor del Pueblo pone de manifiesto la importancia entre la diferencia de 'consultar' o 'revisar' los archivos de los posibles casos de agresiones por parte de las Diócesis: "Se entiende que una parte de las diócesis consultó los archivos buscando información sobre las denuncias de abusos que habían llegado a su conocimiento. Esta búsqueda de información concreta dista mucho de una revisión completa de los archivos". En este caso, se refleja que la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara afirmó haber accedido a los expedientes personales del archivo de la curia diocesana, incluidos los archivos reservados, pero solo respecto a las personas acusadas. "Un esfuerzo por conocer de manera completa los abusos sexuales ocurridos en sus Diócesis que sí han mostrado otros obispados", reza el informe del Defensor.
Con el objetivo de conocer la opinión del nuevo Obispo diocesano de la Diócesis, Julián Ruiz Martorell, sobre los abusos sexuales en el seno de la iglesia en la provincia y los casos comunicados al Defensor, El Decano de Guadalajara se puso en contacto con su Oficina de Prensa, desde donde nos comunicaron que monseñor no creía oportuno pronunciarse al respecto “en este momento” y declinaba realizar ningún tipo de declaración al respecto a este medio.
No obstante, desde el servicio de Comunicación se nos aclara que de los tres casos comunicados al Defensor del Pueblo, dos acabaron con la absolución de los presuntos agresores "por falta de pruebas" y el otro se archivó por la defunción del acusado.
"La respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, -reza el informe de Gabilondo- ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. Poco a poco, a medida que se han divulgado casos y los testimonios de víctimas han ido adquiriendo mayor resonancia pública, y como consecuencia de las directrices emanadas de la Santa Sede, los representantes de la Iglesia en España han ido adoptando medidas y posiciones más firmes, si bien más orientadas a la prevención que a la reparación".
Cabe destacar que las diócesis españolas debían constituir un dispositivo público de recogida de denuncias y atención a las víctimas antes del 1 de junio de 2020, según el plazo dado por el Papa en su carta 'Vos estis lux mundi', en mayo de 2019. La mayoría de estas oficinas fueron creadas en 2020 y algunas en 2021. La Diócesis de Astorga fue la primera de España en disponer de un protocolo de prevención y actuación, seguida de la de Sigüenza-Guadalajara, que lo creó en 2018.
Durante su intervención ante el Congreso, Ángel Gabilondo manifestó: “Los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad".
El Defensor del Pueblo ha publicado un anexo a su primer informe que recoge la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que fueron comunicados a su Oficina durante el periodo de recogida de información y elaboración del informe, es decir, entre el 1 de julio de 2022 y el 9 de octubre de 2023. En este listado se incluyen todos los casos reportados, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos.
Aquí es donde aparece el caso del colegio Maristas Champagnat de Guadalajara, extraído del informe del dossier del periódico El País y de la Oficina de Atención a las Víctimas, pero no comunicado por la iglesia, según se refleja en la nueva información facilitada por el Defensor.
Este caso el saltó a los medios de comunicación tras la información publicada por el diario El País en diciembre de 2022 en la que se salían a la luz las denuncias de tres ex alumnos del Colegio Maristas Champagnat de Guadalajara denunciando presuntos casos de pederastia durante los años 80 por parte de un profesor que impartía clases de pretecnología, religión y gimnasia: Antonio Mingo Tejero, apodado ‘El Morsa’ por su gran bigote.
La dirección del centro pidió entonces perdón en nombre de la congregación, a las víctimas "por no haber sabido protegerles", al mismo tiempo que manifestaba su "condena a estos hechos dolorosos" e iniciaba un periodo de investigación que concluyó sin ninguna denuncia presentada. "Las víctimas son nuestra prioridad y estamos a su disposición para todo lo que necesiten".
En un exhaustivo seguimiento del caso, El Decano de Guadalajara logró hablar días después con varios antiguos alumnos que estudiaron en el centro en esos años, que vinieron a corroborar la versión de El País.
Todos tuvieron como maestro a Antonio Tejedor Mingo. Ninguno quiso dar su verdadero nombre y prefierieron relatar sus experiencias desde la confidencialidad y el anonimato. "Guadalajara era una ciudad pequeña y todos nos conocíamos, pero es cierto que lo de ‘El Morsa’ era un secreto a voces. Le gustaban los rubitos", afirmaba uno de ellos, quien además aseguraba haber sido testigo de cómo este profesor realizaba tocamientos a algunos de los niños: "Se sentaba a los críos en las rodillas y, mientras les corregía los trabajos, les metía mano por debajo del chándal". Añadía que "todos vimos cosas raras que, con el paso del tiempo, hemos comprendido, pero en aquellos años, en los que éramos unos niños, no lo entendíamos".
Dentro de nuestra investigación, esta Redacción se puso en contacto con la Conferencia Marista Española para conocer el estado de las investigaciones, así como para saber si Antonio Tejedor Mingo continuaba ocupando cargos de responsabilidad dentro de la institución, ya que, hasta pasada una semana desde la publicación de las denuncias, era el delegado de Maristas Ibérica en la ONG SED, vinculada a la institución de los hermanos Maristas, que trabaja precisamente con niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Desde la Provincia Marista Ibérica se nos aseguró que se estaba llevando a cabo una investigación y que se encontraban "en un proceso interno de reflexión". Con respecto a la investigación sobre los presuntos casos de pederastia cometidos por el hermano Marista en Guadalajara, nos comunicaron que todavía no habían recibido ninguna denuncia y, en caso de recibirlas, los datos no se harían públicos dado que, según se informa desde la Orden, "ofrecemos la información directamente a las víctimas, tenemos un compromiso con ellas y son nuestra prioridad".
Una semana despues de nuestra llamada, el organigrama interno de la ONG había cambiado. Ya no aparecía Antonio Tejedor Mingo como delegado sino el 'Equipo Pastoral Social de la Provincia Ibérica', con lo cual 'El Morsa', al menos oficialmente, ya no estaría vinculado con la ONG SED.
Finalmente, en enero de 2023, a preguntas de este medio, Maristas España confirmaba que "se han tomado las medidas oportunas y se ha apartado a esta persona del contacto con menores".
No obstante, y a pesar de la acusaciones que recaían sobre él, este periódico ha constatado que la ONG dependiente de los Maristas, le envió a trabajar como voluntario a Guatemala, tambien en proyectos relacionados con niños niñas en exclusión.
Y alguna vinculación debe seguir teniendo con la congregacion de Maristas, ya que en calendario religioso para el año 2024, en la sección 'Fiestas de Cumpleaños' aparece: "Ibérica. Hermano Antonio Tejedor Mingo (76 años)
Además, el diario El País publicó en julio de 2023: "Los Maristas mantienen en su cargo a un religioso acusado hace un año de abusar de al menos 15 niños en los ochenta. Antonio tejedor 'El Morsa' ha seguido hasta junio en una ONG de la Orden de educación infantil y fue enviado a Guatemala pese a los testimonios contra él en un colegio de Guadalajara".