Castilla-La Mancha moviliza 500 millones para vivienda: más casas, menos trabas y un sistema de aval público

La Junta presenta una agenda con 32 medidas basada en cuatro pilares: aumentar la oferta, rehabilitar el parque residencial, facilitar el acceso -incluido un aval del 20%- y reformar la normativa urbanística para liberar suelo

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves su Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030, un ambicioso plan que prevé movilizar más de 500 millones de euros con un objetivo claro: generar más vivienda y facilitar su acceso en un contexto en el que, como advirtió el presidente regional, Emiliano García-Page, “la falta de vivienda se está convirtiendo en un cuello de botella que puede estrangular el crecimiento económico”.

 

El plan, estructurado en 32 medidas, se articula sobre cuatro pilares estratégicos: el impulso a la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación energética y accesible del parque existente, el refuerzo de las ayudas al acceso —especialmente para jóvenes— y una batería de reformas normativas destinadas a agilizar el suelo disponible. Todo ello, con financiación autonómica, estatal y europea.

 

Durante la presentación, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, subrayó el carácter integral de la agenda, concebida para ofrecer “más oferta, más rehabilitación, más ayudas, menos impuestos y, en definitiva, mayor calidad de vida”, al tiempo que incidió en la necesidad de dar respuesta a “la principal preocupación social de los españoles”.

 

Más vivienda: 135 millones para ampliar la oferta

El primero de los pilares se centra en incrementar la oferta residencial, con una inversión de 135 millones de euros. En este marco, la Junta prevé nuevas promociones de vivienda protegida en distintos puntos de la región, entre ellos Toledo, donde se proyectan más de 1.100 viviendas, o Azuqueca de Henares, con hasta 172 nuevas viviendas de protección oficial.

 

Además, el Ejecutivo regional aspira a redirigir 68 millones de euros de fondos FEDER hacia políticas de vivienda y consolidar el impulso del denominado ‘Plan 10.000’, que ya supera los 18.300 visados de obra nueva desde 2023, con cerca de un 20% de viviendas con algún tipo de protección pública.

 

Rehabilitación: 108 millones y 3.000 viviendas

El segundo pilar contempla 108 millones de euros destinados a la rehabilitación energética y accesible, con el objetivo de intervenir en unas 3.000 viviendas. A ello se suman nuevas convocatorias de ayudas, como los 21 millones para eficiencia energética o los siete millones para accesibilidad.

 

Hernando destacó, además, que Castilla-La Mancha lidera la captación de fondos del programa PREE 5.000, con cerca de 60 millones de euros.

 

Acceso a la vivienda: ayudas y aval público

El tercer eje, dotado con más de 100 millones de euros, busca facilitar el acceso a la vivienda. Entre las medidas destaca una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por cinco millones de euros y el refuerzo de las ayudas a la compra o autopromoción en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán alcanzar hasta los 15.000 euros.

 

Sin embargo, la iniciativa más destacada es la puesta en marcha de un sistema de aval público: la Junta asumirá el 20% del préstamo hipotecario que no cubren las entidades financieras, incluyendo el coste de los intereses asociados. “Así cualquier ciudadano va a poder suscribir el 100% del préstamo sabiendo que ese 20% lo avala la comunidad autónoma”, explicó García-Page. El acuerdo con las entidades bancarias se encuentra en fase de negociación y podría cerrarse en las próximas semanas.

 

Menos burocracia y más suelo

El cuarto pilar aborda una reforma integral de la normativa urbanística para agilizar los trámites y facilitar la disponibilidad de suelo residencial. Entre las medidas previstas se incluyen modificaciones de la LOTAU y del reglamento de disciplina urbanística, así como la creación de nuevas figuras como los Planes Especiales de Reclasificación de Suelo Rústico.

 

Asimismo, se impulsarán normas subsidiarias regionales para pequeños municipios, con el fin de dotarles de mayor flexibilidad y facilitar el desarrollo urbanístico, una cuestión especialmente relevante en el medio rural.

 

García-Page: "La falta de vivienda se está convirtiendo en un cuello de botella que puede estrangular el crecimiento económico”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, enmarcó la nueva Agenda de Acción por la Vivienda en un contexto económico en el que el acceso a un hogar se ha convertido en un factor determinante. Durante su intervención, advirtió de que la escasez de vivienda “se está convirtiendo en un cuello de botella” que puede llegar a frenar el crecimiento, especialmente por su impacto en el mercado laboral y en la fijación de población. “Lo estamos viendo en la dificultad para encontrar mano de obra y, sobre todo, en dónde vive esa mano de obra”, señaló, poniendo el foco en un problema que trasciende lo social para convertirse también en estructural.

 

García-Page defendió una posición equilibrada entre la función social de la vivienda y su dimensión económica. “La vivienda es un derecho, ante todo, pero también es un bien de mercado”, afirmó, rechazando los planteamientos que, a su juicio, enfrentan ambas realidades. En este sentido, apostó por políticas que incrementen la oferta como vía para contener los precios y evitar tensiones inflacionistas, al tiempo que pidió “no criminalizar” al sector inmobiliario, al que considera parte necesaria de la solución.

 

El jefe del Ejecutivo autonómico también subrayó el carácter “posibilista” del plan presentado, insistiendo en que se trata de un paquete de medidas “realistas, claras y practicables”, diseñado en función de las competencias autonómicas y los recursos disponibles. No obstante, dejó abierta la puerta a una mayor ambición si existiera un acuerdo estatal en materia de suelo y vivienda, algo que, según apuntó, permitiría multiplicar el alcance de las iniciativas.

 

Entre las medidas más destacadas, García-Page puso especial énfasis en el sistema de aval público del 20% de la hipoteca no cubierto por las entidades financieras, una fórmula que, según explicó, permitirá a muchos ciudadanos acceder al 100% del préstamo. “Vamos a asumir el interés que conlleva ese 20%, facilitando que cualquier ciudadano pueda dar el paso”, aseguró, destacando que este instrumento se está ultimando con el sector bancario.

 

Por último, el presidente regional incidió en la dimensión política del problema de la vivienda, alertando de que su persistencia puede tener consecuencias profundas. “No sé si hay cosas que pueden hacer caer un Gobierno, pero la vivienda es una de ellas”, afirmó, subrayando que se trata de una “condición indispensable” para la estabilidad social y económica.