La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) ha realizado un balance muy positivo de los cinco años de vigencia de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, una normativa que considera clave para revertir tendencias demográficas históricas y fortalecer el futuro de los municipios rurales de la región.
Coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor de la ley, el presidente de Recamder, Jesús Ortega, ha subrayado que esta normativa, pionera en España y Europa, ha demostrado que la despoblación “no era una condena inevitable” y que, mediante políticas específicas, recursos y una estrategia definida, es posible recuperar población, actividad económica y oportunidades en el medio rural.
Según los datos aportados por Recamder, desde junio de 2021 las zonas despobladas de Castilla-La Mancha han ganado cerca de 5.000 habitantes. Además, una de cada cinco personas que se trasladan a vivir a la región elige actualmente alguno de estos territorios como lugar de residencia.
“Hace apenas unos años hablábamos de pueblos que perdían vecinos de manera constante. Hoy hablamos de municipios que reciben nuevos habitantes, familias que deciden instalarse en el medio rural y emprendedores que encuentran aquí oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida”, ha señalado Ortega.
El presidente de Recamder considera que la ley ha contribuido a generar confianza en los pueblos y a demostrar que invertir en desarrollo rural supone apostar por la cohesión territorial, la sostenibilidad y el bienestar del conjunto de la sociedad. Asimismo, ha destacado la implicación del Gobierno regional en la puesta en marcha de esta estrategia y el respaldo mostrado hacia los Grupos de Desarrollo Rural.
Entre los principales efectos de la ley, Recamder destaca el fortalecimiento de servicios esenciales en los municipios rurales, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la conectividad digital y el transporte adaptado a las necesidades de las pequeñas localidades.
La normativa también contempla medidas económicas destinadas a favorecer el asentamiento de población y la actividad empresarial en estas zonas. Entre ellas figuran deducciones fiscales para residentes en municipios escasamente poblados, ayudas para la adquisición o rehabilitación de viviendas y mecanismos de discriminación positiva para empresas y trabajadores autónomos.
En concreto, los residentes en municipios escasamente poblados pueden deducirse hasta un 25% de la cuota íntegra autonómica del IRPF. Asimismo, las personas que se trasladen a estas localidades por motivos laborales pueden beneficiarse de una deducción de 500 euros, mientras que la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en estas áreas cuenta con una deducción del 15%.
Para Recamder, la experiencia de Castilla-La Mancha demuestra que es posible combatir el reto demográfico mediante medidas concretas respaldadas por una legislación específica. En este sentido, Jesús Ortega ha asegurado que la comunidad autónoma se ha convertido en una referencia nacional e internacional en la lucha contra la despoblación al garantizar por ley actuaciones orientadas a favorecer el desarrollo rural.
Por ello, el presidente de la organización ha defendido la necesidad de que estas iniciativas tengan continuidad y se complementen con una normativa similar en el ámbito estatal que permita reforzar las políticas contra la despoblación en todo el país.
Cinco años después de su aprobación, Recamder considera que la ley ha contribuido a cambiar la dinámica de numerosos municipios rurales y a consolidar un modelo de desarrollo que busca garantizar igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos con independencia del lugar de residencia.