Castilla-La Mancha presenta a las plataformas Stop Biometano el borrador del decreto que regulará estas plantas

El Gobierno regional defiende una normativa "con las mayores garantías de Europa" e invita a los colectivos a presentar alegaciones durante la información pública

 

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mantenido una reunión con representantes de las plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha para presentarles el contenido del borrador del futuro Decreto que regulará la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma.

 

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, Gómez destacó el "diálogo abierto" que mantiene el Ejecutivo autonómico con los colectivos sociales y les animó a trasladar sus aportaciones cuando el texto inicie su tramitación de información pública.

 

La consejera explicó que el periodo de consulta pública previa permanece abierto desde el pasado 22 de junio hasta el 3 de julio. Posteriormente se abrirá una fase de información pública de 45 días naturales, durante la cual plataformas ciudadanas, promotores, ayuntamientos y cualquier persona interesada podrán presentar alegaciones y propuestas al texto.

 

Según trasladó Gómez, el decreto recogerá la resolución aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha con el objetivo de establecer "la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de Biometano en Castilla-La Mancha".

 

Entre las principales medidas incluidas en el borrador figura la posibilidad de que los ayuntamientos sometan los proyectos a votación en sus plenos antes del inicio de la tramitación administrativa. Asimismo, establece que las plantas deberán situarse, como mínimo, a dos kilómetros de los núcleos urbanos.

 

El texto también contempla que el 80 por ciento de los residuos tratados procedan de la comarca, dentro de un radio máximo de 35 kilómetros, con el fin de limitar el transporte de residuos desde largas distancias.

 

En materia ambiental, la consejera señaló que el decreto incorporará medidas de obligado cumplimiento para garantizar el tratamiento hermético de los residuos y evitar la generación de olores. Entre ellas, destacó la obligación de que las balsas sean cerradas y la prohibición de transportar residuos por el interior de los núcleos urbanos.

 

Además, Gómez explicó que todos los proyectos deberán adaptarse íntegramente a la nueva normativa una vez entre en vigor el decreto. Para ello, dispondrán de un plazo de entre 12 y 14 meses para ejecutar las modificaciones que resulten necesarias.

 

En la reunión también participaron el director general de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia; el director general de Transición Energética, Alipio García; y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.