El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha respaldado este jueves la posición del Gobierno regional en defensa de un nuevo modelo de financiación autonómica basado en la igualdad entre territorios y en el coste real de los servicios públicos. La Cámara ha aprobado una resolución presentada por el Grupo Socialista que rechaza la propuesta planteada por el Gobierno central al considerar que rompe el principio de igualdad entre comunidades autónomas al incorporar el criterio de ordinalidad.
La resolución salió adelante con los 17 votos del Grupo Socialista frente a los 16 votos en contra de la oposición, tras un debate general que contó con la comparecencia, a petición propia, del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien informó sobre las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Hacienda.
Durante su intervención, Ruiz Molina reiteró que el futuro sistema de financiación debe responder "al coste real de prestar los servicios públicos" y no al principio de ordinalidad, al considerar que supone que "quien más tiene, debe recibir más", un planteamiento que calificó de "injusto" porque rompe la equidad que, a su juicio, debe regir el sistema.
El consejero defendió que Castilla-La Mancha mantiene desde hace más de una década una posición "coherente", centrada exclusivamente en "la defensa de los intereses de la región", con independencia del color político del Gobierno de España. En este sentido, insistió en que la negociación del nuevo modelo debe desarrollarse de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común, descartando cualquier acuerdo bilateral.
Según explicó Ruiz Molina, tras la reunión celebrada el pasado 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, el escenario permanece "inalterado", ya que el Ministerio mantiene su propuesta, acordada con ERC, que únicamente cuenta con el respaldo de la Generalitat de Cataluña.
El consejero señaló además que la única modificación planteada respecto al documento inicial consiste en incorporar el Fondo de Compensación Interterritorial al sistema de financiación para compensar a las comunidades que quedarían por debajo de la media. Una posibilidad que Castilla-La Mancha rechaza porque considera que ese fondo debe seguir destinado a reducir las diferencias de renta y riqueza entre territorios y no a financiar los servicios públicos fundamentales.
El Ejecutivo autonómico plantea que la financiación se determine a partir de una población ajustada que tenga en cuenta factores como la superficie, la dispersión geográfica o las características demográficas, de manera que todas las comunidades reciban los mismos recursos por habitante ajustado y se garantice la denominada "nivelación total".
El Gobierno regional también defiende que la reforma vaya acompañada de cuatro medidas complementarias. Entre ellas figura la condonación de parte de la deuda derivada de la infrafinanciación acumulada durante años.
Ruiz Molina valoró positivamente que la propuesta del Gobierno de España incorpore precisamente ese criterio de infrafinanciación para calcular la reducción de la deuda autonómica. Según explicó, si prospera la iniciativa, Castilla-La Mancha vería condonado el 30,5 % de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que supondría un ahorro estimado de 760 millones de euros en intereses durante los próximos años.
Además, el Ejecutivo regional reclama una armonización fiscal que evite la competencia entre comunidades, garantizar el principio de lealtad institucional cuando decisiones del Estado afecten a la financiación autonómica y crear un fondo transitorio de nivelación hasta que entre en vigor el nuevo sistema.
La resolución aprobada por las Cortes insta al Gobierno regional a continuar reclamando un nuevo modelo negociado entre todas las comunidades autónomas de régimen común, basado en los principios de igualdad, suficiencia financiera y multilateralidad, así como un mecanismo transitorio que corrija la insuficiencia de recursos mientras permanezca vigente el actual sistema.
La sesión plenaria también aprobó otras dos resoluciones impulsadas por el Grupo Socialista.
La primera, sobre la situación del lobo en Castilla-La Mancha, salió adelante igualmente con 17 votos favorables y 16 en contra. El texto recuerda que el lobo está catalogado como especie en peligro de extinción en la región desde 1998 y señala que su presencia se concentra especialmente en la provincia de Guadalajara. La resolución insta al Gobierno autonómico a mantener las medidas compensatorias para los ganaderos afectados por ataques y, al mismo tiempo, continuar con la protección de la especie mediante un seguimiento que permita disponer de datos fiables sobre su población.
La tercera resolución, relativa al ferrocarril, obtuvo el respaldo del PSOE, la abstención del PP y el voto en contra de Vox. El Parlamento regional defiende el mantenimiento e impulso del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, rechaza actuaciones que supongan una pérdida de servicios ferroviarios y apuesta por desarrollar el tramo Mora-Alcázar para mejorar la conexión ferroviaria con Toledo.
Asimismo, solicita impulsar estudios técnicos y de viabilidad para mejorar la conectividad ferroviaria entre Alcázar de San Juan y la capital regional y reclama mejoras en los tiempos de viaje y las frecuencias de la línea convencional mientras se ejecuta la futura infraestructura.
Antes del inicio de las votaciones, el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos registrados hace una semana en Venezuela, una tragedia que, según se informó durante la sesión, ha provocado alrededor de 2.300 fallecidos, entre ellos 27 ciudadanos españoles.
En el bloque de control al Gobierno compareció también el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, para informar, a petición del Grupo Popular, sobre el desarrollo y cierre del curso escolar 2025-2026. La jornada parlamentaria se completó con varias preguntas orales formuladas por los grupos de la oposición sobre inmigración, la situación asistencial del Hospital Universitario de Toledo y las ayudas a los agricultores afectados por las heladas y el granizo registrados esta primavera.


