Una plataforma de alumnos denuncia recortes en los horarios de los CEPA de Guadalajara

Los afectados aseguran que la Delegación de Educación reducirá grupos, horarios y enseñanzas en los centros de Guadalajara y Azuqueca pese a la alta demanda

Una plataforma de alumnos afectados por la reorganización de la oferta educativa en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de la provincia de Guadalajara ha denunciado los recortes horarios previstos para el curso 2026-2027 en el CEPA Clara Campoamor de Azuqueca de Henares y en el CEPA Río Sorbe de Guadalajara. Los afectados consideran que las medidas han sido adoptadas de forma "unilateral" por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes y reclaman que se revisen antes del inicio del próximo curso.

Según expone la plataforma en un comunicado, el CEPA Río Sorbe será el más perjudicado por esta reorganización. Denuncian que, además de la supresión de determinadas enseñanzas, se fusionarán dos grupos de Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en uno solo, lo que, a su juicio, incrementará "de forma inasumible" la ratio de alumnado. Asimismo, aseguran que algunas materias pasarán a impartirse con carácter bimensual, concentrando en apenas dos meses unos contenidos que consideran insuficientes para garantizar una formación adecuada.

Los alumnos cuestionan la justificación de estas decisiones y sostienen que la matrícula en ambos centros mantiene una elevada demanda. Como ejemplo, señalan que durante el curso 2025-2026 más de doscientos estudiantes superaron sus estudios únicamente en el CEPA Río Sorbe y afirman que algunos cursos incluso han contado con listas de espera.

En este sentido, sostienen que la Delegación Provincial habría fundamentado la reorganización en un recuento puntual de asistencia realizado durante el presente curso, un dato que, según denuncian, no refleja la realidad de las matriculaciones oficiales. Recuerdan que gran parte del alumnado adulto debe compatibilizar los estudios con el trabajo o las responsabilidades familiares, lo que provoca ausencias esporádicas sin que ello suponga un abandono de la formación.

La plataforma también pone el foco en lo que considera un agravio territorial. Según afirma, esta reducción de grupos y horarios únicamente se está produciendo en la provincia de Guadalajara, mientras que no se han adoptado medidas similares en el resto de provincias de Castilla-La Mancha. Por ello, plantea la siguiente cuestión: "¿Por qué en Guadalajara las personas adultas tienen menos derecho a formarse académicamente dentro de un servicio público de enseñanza respecto al resto de Castilla-La Mancha?".

Los afectados defienden que la educación de personas adultas constituye un servicio público esencial que permite a muchas personas retomar estudios, mejorar su cualificación profesional, acceder al mercado laboral o continuar su formación académica. Recuerdan que en las aulas de los CEPA conviven trabajadores, personas con responsabilidades familiares, alumnos que atraviesan situaciones personales complejas y ciudadanos que buscan una segunda oportunidad educativa.

A su juicio, el impacto de estos centros trasciende el ámbito estrictamente académico. Consideran que elevar el nivel educativo de la población adulta contribuye a mejorar las oportunidades laborales, favorece la cohesión social, reduce desigualdades y puede desempeñar un papel importante en la fijación de población en el territorio. Asimismo, destacan que la formación permanente fortalece la autoestima, combate el aislamiento social y crea espacios de integración para personas en situaciones de vulnerabilidad.

La plataforma recuerda además que el aprendizaje permanente ocupa un lugar prioritario dentro del Espacio Europeo de Educación para el periodo 2021-2030 y que la Nueva Agenda Europea para el Aprendizaje de Adultos apuesta por ampliar la participación de la ciudadanía en este tipo de enseñanzas. A su juicio, la reducción de grupos y recursos en los CEPA contradice esas líneas estratégicas y dificulta el acceso a la formación de una parte importante de la población.

Por ello, reclaman que Castilla-La Mancha impulse una estrategia regional específica para la educación de personas adultas, sustentada en criterios comunes, públicos y transparentes que eviten diferencias entre provincias y garanticen una planificación estable a medio y largo plazo.

Asimismo, solicitan que cualquier modificación de la oferta educativa o del número de grupos sea explicada de forma suficiente y no se adopte de manera unilateral, defendiendo que los propios centros participen desde el inicio en los procesos de planificación por ser quienes mejor conocen las necesidades de su alumnado y del entorno.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a docentes, alumnado, antiguos alumnos, administraciones, entidades sociales y ciudadanía para respaldar la educación de personas adultas y reclamar que se mantenga como un servicio público sólido. Los afectados concluyen que esta enseñanza "no es un gasto prescindible", sino "una herramienta de transformación personal y colectiva" que, a su juicio, merece ser reforzada y protegida.