EDITORIAL. Vivienda: misión imposible

A la hora de escribir este editorial, aún está en el aire si finalmente el Congreso de los Diputados aprueba hoy los dos llamados 'Decretos Maricarmen' sobre protección social de la vivienda y refuerzo de la estabilidad de los contratos de alquiler, después de que la derecha burguesa catalana de Junts anunciase con 'nocturnidad' su oposición al texto que se ha venido negociando por parte del Gobierno y sus socios. 

Lo que sí se conoce es el "NO" rotundo del Partido Popular y de la ultraderecha de Vox ante una medida que busca -entre otras cuestiones- poner freno a la especulación y a los desahucios de personas vulnerables. Las derechas dan la espalda así al que hoy en día es uno de los principales problemas percibidos por los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Nada nuevo viniendo de los partidos que defienden el capitalismo más salvaje.

El artículo 47 de la Constitución española reza: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".  A tenor de lo que está ocurriendo desde hace años en este país, parece que nuestros gobernantes, de uno y otro signo, han olvidado su juramento o promesa a la hora de acceder a sus cargos: acatar la Constitución en todo su articulado. 

El gran boom inmobiliario que se produjo entre 1997 y 2007, con una brutal subida de precios, y el posterior estallido en 2008, con la crisis financiera internacional, provocaron que la vivienda en España pasase de ser un derecho a convertirse en un verdadero lujo. Casi tres décadas después, la situación no ha hecho sino empeorar.

 
Y no estamos hablando de grandes capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla. El ejemplo lo tenemos aquí mismo, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, con un mercado tensionado, especialmente en el Corredor del Henares, debido a la cercanía a Madrid. 

Los precios, tanto de venta como de alquiler, se han disparado de forma brutal. Para comprobarlo, sólo hace falta darse una vuelta por los portales inmobiliarios más conocidos y realizar una búsqueda. Lo que nos encontramos nos deja tiritando. Viviendas en barrios que antes eran considerados como periféricos, cuyo precio no baja de los 120.000 euros. Y no digamos ya si buscamos por el centro, porque los ceros nos nublan la vista. 

Respecto al alquiler, pocos pisos bajan de los 1.000 euros por una vivienda de entre 70 y 90 metros cuadrados y llega hasta más de 2.000 euros si se trata de un adosado o un ático. 

Lo más sangrante es el capitulo de los alquileres de habitaciones: desde los 350 hasta los 600 por una cama, un escritorio y un armario, dependiendo del barrio. Como ejemplo, en la zona de San Roque, se alquila, por 500 euros, una "habitación grande y luminosa con ventana a patio interior en piso bajo". Vamos, un chollazo. 

Los últimos informes del Índice Inmobiliario Fotocasa de septiembre de 2026, sitúan a Guadalajara como la provincia más cara de Castilla-La Mancha para comprar y alquilar vivienda, con un aumento del 2,1% en el tercer trimestre de 2026 para la venta y cerca de un 8% para el alquiler. Y subiendo. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Guadalajara señalaban esta semana a esta Redacción que "somos la tercera o la cuarta provincia que más ha sufrido el incremento del precio de la vivienda de alquiler en toda España. Ha subido en torno a un 63% en los últimos cinco años".

 
Según sus datos, existen en torno a 1.790 viviendas vacías pertenecientes a fondos de inversión, bancos y la Sareb, que no se sacan al mercado, lo que supone el 10% de todo el parque inmobiliario de la ciudad.  

Ante este panorama, nos preguntamos qué joven de nuestra provincia, con los salarios por los suelos y contratos temporales y precarios, puede acceder a una vivienda digna en régimen de alquiler y no digamos ya a abordar el pago de una hipoteca en caso de compra, que les endeudaría hasta que ya peinasen canas. 

No es de extrañar que hayan cundido la impotencia y el desánimo ante un futuro incierto. Y que estas sensaciones se estén canalizando en forma de manifestaciones, protestas, caceroladas y acampadas. 

Ante lo que es un derecho a resistirse y luchar, algunos impresentables -demasiados- se han empeñado en recuperar aquello del 'perroflautismo' del 15M para definir a los miles de jóvenes que se están movilizando en toda España y en poco menos que tacharlos de 'terroristas' por llevar a una acampada un cuchillo para cortar pan y untar humus o por usar adoquines para fijar al suelo sus tiendas de campaña. Por no hablar de los calificativos de "piojosos" y "vagos" que les 'regalan' en redes sociales. 

En esta concentraciones hay estudiantes, trabajadores, parados... Chavales y chavalas, en su mayoría de familias medias y bajas, que no han tenido la suerte de nacer en una familia acomodada que les haga la vida más fácil a golpe de talonario. Sus padres, madres o abuelos -que también padecen y sufren por su situación- se han dejado la piel en el 'tajo' para tratar de darles un futuro mejor que el suyo. Sin éxito. Y no precisamente por su culpa, sino por la especulación que se ha permitido y se va seguir permitiendo si no se le pone freno. Y cuanto antes.

Capítulo aparte son los desahucios de personas vulnerables, como Maricamen, cuyo caso ha desatado toda esta ola de indignación. La mayoría de los que se enfrentan a este despropósito son pensionistas ya mayores y familias monomarentales con menores a su cargo, alguna de las cuales, aquí en Guadalajara, ya ha recibido varias 'visitas' de matones de empresas desokupas. 

El Sindicato de Inquilinas tiene abiertos en la actualidad un total de nueve conflictos por desahucios en la provincia. En Chiloeches, el de un pensionista en situación vulnerable, cuyo desahucio está fijado para el día 17 de ese mes, del que les informaba este mismo lunes El Decano de Guadalajara; en Azuqueca, en la calle Abetos 3, con tres familias de mujeres solas con menores a su cargo que ya ha sido objeto de varios intentos de desahucio por parte de organizaciones desokupas, el pasado 3 de julio; en la capital, en la calle Wenceslao Argumosa -donde finalizará la manifestación del sábado-, que afecta a ocho familias con varios menores a su cargo, y otros seis conflictos activos en vías de negociación. 

A los que protestan o acampan, a los que desahucian, les unen los mismos sentimientos: desazón, enfado y sensación de abandono. Afortunadamente -y de momento porque miedo da lo que está por venir- todavía podemos hacer uso de las calles para luchar, protestar y reivindicar.  

Porque, desgraciadamente, hoy por hoy, para demasiadas personas, conseguir o mantener una vivienda digna -esa a la que le da derecho la Constitución- es prácticamente una misión imposible.