Las presiones y el acoso de una empresa desokupa vuelven al bloque de la calle Abetos, 22 de Azuqueca, tras el verano

La red de apoyo de la Plataforma Feminista y el Sindicato de Inquilinas tuvo que encerrarse en el cuarto de contadores, ante el intento de la empresa de dejar a dos de las inquilinas, con menores a su cargo, sin suministro eléctrico

La tensión ha vuelto al edificio del número 22 de la calle Abetos de Azuqueca de Henares. Según denuncia María Eugenia Blanco, abogada y miembro de la Plataforma Feminista y del Sindicato de Inquilinas, tras el verano, se han reactivado las situaciones de intimidación y acoso que sufren dos inquilinas monomarentales con hijos menores, por parte de una empresa de desokupación.

Desde hace algo más de un año, estas dos mujeres sufren un goteo de coacciones y distintas actuaciones encaminadas a despojarlas de sus viviendas, que han convertido su vida en un infierno de miedo e incertidumbre. El último episodio ha tenido  lugar en los últimos días.

Después de someterlas a distintas maniobras de intimidación desde el pasado 28 de septiembre, el 6 de octubre la empresa acudió al edificio para instalar una puerta antiocupación en el cuarto de contadores, dejándoles sin suministro eléctrico. «Sabemos que la excusa de poner una puerta de estas características es cortar el acceso a los suministros, como ya habían hecho los de la anterior empresa de desokupación», explica Blanco.

Según relata, las organizaciones intervinieron para abrir la puerta y contactar con la compañía suministradora, con el fin de reponer los contadores y restablecer el servicio.

Al día siguiente, recibieron el aviso de que la empresa estaba tomando medidas para instalar otra puerta, por lo que volvieron a movilizarse para impedirlo, con el fin de que la compañía energética pudiera reactivar el suministro.

«Nos movilizamos y estuvimos un grupo de personas dentro del cuarto de contadores hasta que pudo venir el técnico a instalar los contadores», explica la abogada.

Un grupo de personas de la red de apoyo de la Plataforma Feminista y el Sindicato de Inquilinas acedió al cuarto de contadores durante la tarde del jueves 8 de octubre, mientras la empresa instalaba la nueva puerta. La movilización se prolongó desde las 15.00, hasta aproximadamente las 20.00 horas, cuando el técnico de la compañía eléctrica abandonó el edificio tras poner los nuevos contadores, según el relato de Blanco, en un contexto de presión por parte de la empresa de desokupación.

«Hay que contar lo que implica un grupo de matones frente al técnico de la empresa suministradora. Lo primero que le dijeron fue que tenía que identificarse ante ellos para poder entrar en el portal. Si no estamos nosotras allí, el técnico, que es un trabajador, se habría dado la vuelta y no habría podido poner los contadores», sostiene.

Blanco subraya que la situación había sido comunicada tanto a la Comandancia de la Guardia Civil de Azuqueca como a la Subdelegación del Gobierno: «El día 7 por la noche, después de que estuvieran midiendo, remitimos una denuncia a la Guardia Civil, transmitiéndole que se daba esta situación y que era su responsabilidad, si sabían que se iba a cometer un delito, acudir para impedirlo. También enviamos esta comunicación a la Subdelegación del Gobierno para pedirle que diera las instrucciones precisas para ello, porque no se puede dejar sin suministros a nadie, da igual cuál sea la situación. Eso es un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal», afirma. Según la abogada, la Guardia Civil sí se personó en el bloque de viviendas, pero con la intención de que la red de apoyo abandonara el cuarto de contadores: "Nosotras les explicamos que no íbamos a salir hasta que estuvieran puestos los contadores», señala.

La representante de ambas organizaciones considera que esta actuación es ilegal y atenta contra las normas básicas de seguridad. Según explica, el propio técnico de la compañía energética trasladó a la Guardia Civil la necesidad de garantizar el acceso permanente al cuarto para poder actuar ante posibles incidencias. «Nunca ha habido ningún problema con el cuarto de contadores. El único interés era dejar sin suministro a las vecinas», sostiene.

No es la primera vez que se produce una maniobra similar. «Como ya es la segunda vez que ocurre, tenemos experiencia. El problema es que el presidente de la comunidad de vecinos, que es quien tiene la llave, cuando le decimos que viene el técnico, te deniega el acceso porque dice que eso es cosa del propietario de la vivienda», explica.

Pese a todo, una vez concluyó el encierro, la empresa antiocupación no fue capaz de cerrar la puerta, porque llave no funcionaba, por lo que el cuarto continúa abierto. «Esa puerta se ve que es de decimocuarta mano y está arqueada, por lo que no cerraba. No sabemos si traerán a alguien que la repare», comenta Blanco.

Las inquilinas cuentan ya con suministro eléctrico, pero la incertidumbre y el miedo continúan. «Estamos a la expectativa de ver cuáles van a ser las consecuencias, porque no dejan de ser unos matones, y esperando respuesta al burofax que les remitimos sobre nuestro interés en negociar el contrato de arrendamiento con la propiedad», añade.

Más de un año de presiones y denuncias

Tal y como explica Blanco, las mujeres afectadas buscaron el apoyo de la Plataforma Feminista hace algo más de un año, cuando una empresa de desokupación empezó a intervenir para que abandonaran sus casas. «Les acompañamos en todo el proceso y logramos pararla y que las dejaran tranquilas», recuerda.

De aquellos episodios de presiones y coacciones se deriva un conjunto de denuncias que, según la abogada, siguen pendientes de resolución judicial. «De las denuncias presentadas en julio, agosto, septiembre y octubre de 2025, el primer juicio contra uno de los integrantes de la empresa de desokupación lo tuvimos el 7 de octubre. Tenemos plagado el juzgado de denuncias que hemos puesto por coacciones, pero todavía no hay respuesta. Las primeras denuncias fueron contra la anterior propiedad y su empresa de desokupación y ahora estamos con la nueva propiedad y su empresa de desokupación», aclara.

Se trata de un bloque de pisos en el que tres viviendas pertenecen a una misma propiedad, que han ido pasando de unas manos a otras a través de distintas empresas en los últimos años. Desde hace aproximadamente un año, según denuncia Blanco, se están empleando diferentes técnicas de desokupación para intentar echar a los inquilinos: dos mujeres que viven solas con hijos menores de cuatro y nueve años, respectivamente, y un hombre que también tiene un hijo menor a su cargo. No obstante, las últimas situaciones de acoso se han dirigido contra las dos mujeres.

Según Blanco, las tres viviendas han sido vendidas recientemente a una empresa denominada Koala Club Alcalá, 2022 S.L., cuyo objeto social es la venta de bebidas alcohólicas. «En 2025, prácticamente no tenía actividad económica, solo 1.000 euros, por lo que entendemos que puede ser una empresa pantalla», valora.

La nueva propietaria, lejos de poner fin a las prácticas intimidatorias denunciadas, contrató a otra empresa de desokupación, que se presentó en el edificio el pasado 3 de junio para intentar instalar puertas antiocupación en las viviendas.

«Como estamos movilizadas, cuando colocaron la primera puerta llamamos a la Guardia Civil y nos presentamos allí, por lo que solo pudieron colocar una, la del bajo A», relata.

La abogada insiste en la «absoluta ilegalidad» de las actuaciones de la empresa, una cuestión que, según explica, ya trasladaron a la Guardia Civil. «No se puede impedir el acceso a la vivienda de una residente legal. La Guardia Civil nos dijo que, como cuando llegaron ellos la puerta ya estaba instalada, no podían hacer nada y nos instaron a denunciar».

Posteriormente, se presentó la correspondiente denuncia y se retiró la puerta para que la inquilina pudiera acceder a su vivienda.

Desde entonces y hasta el pasado 28 de septiembre, las afectadas habían podido vivir con «cierta tranquilidad». Sin embargo, al terminar el verano, según Blanco, se reanudaron las maniobras que considera coactivas: «Llaman a las puertas de las vecinas, intentan entrar, golpean…».

El pasado 28 de septiembre, relata la abogada, la empresa se equivocó de vivienda y acosó a otra vecina que no tenía relación con el conflicto promovido por la nueva propiedad. «Se equivocaron de vivienda y llamaron a otra vecina, también una mujer con hijos menores que estaba sola en casa. Las personas que vienen son grandes, con tatuajes, musculadas… Es decir, gente muy intimidante, con lo que la vecina se llevó un susto enorme. Al final, esta gente rompe la paz en un edificio en el que los inquilinos viven con absoluta normalidad y, cuando intervienen esas empresas, generan un conflicto», afirma.

Al día siguiente, el 29 de septiembre, según denuncia Blanco, los integrantes de la empresa lograron entrar en el bajo A. «Golpearon con fuerza la puerta, consiguieron abrirla y entraron dentro de la casa, y tuvimos que sacarlos».

Todas estas situaciones, apunta, han ido seguidas de las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil. «Hemos denunciado a la empresa y al administrador de la misma, porque evidentemente las coacciones están ahí», sostiene.

Las inquilinas piden negociar sus contratos de alquiler

Con este escenario de telón de fondo, Blanco denuncia que ninguna de las empresas implicadas ha intentado contactar con las inquilinas para negociar su situación. «Nosotros siempre nos enteramos del cambio de propiedad a posteriori, cuando la empresa de desokupación se presenta en la puerta», explica.

De hecho, señala que han sido las propias afectadas quienes han intentado ponerse en contacto con la propiedad. «Las que nos hemos puesto en contacto con la empresa propietaria hemos sido nosotras. Hemos remitido un burofax insistiendo en que lo único que pretendemos es negociar un contrato de arrendamiento para las inquilinas. Ya hablamos con alguien que se presentó como responsable del equipo que fue el 3 de junio a desocupar las viviendas, manifestándole que estábamos dispuestas a negociar un contrato de arrendamiento. Esto también lo hicimos con el anterior propietario. En aquella ocasión conseguimos reunirnos con ellos y les hicimos el mismo planteamiento», relata.

La abogada explica que las inquilinas tenían sus respectivos contratos de alquiler, pero que, con los sucesivos cambios de propiedad, estos han vencido. «Estamos hablando de hace más de diez años, en los que estas viviendas han pasado por un montón de empresas» y añade que ninguna de las empresas por las que ha pasado la propiedad de las tres viviendas ha iniciado un procedimiento judicial para reclamar su posesión a las vecinas, por lo que actualmente "no existe ningún procedimiento abierto".

Además, las dos mujeres cuentan con certificados de vulnerabilidad expedidos por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. «¿Cómo se pone de manifiesto que son mujeres solas con sus criaturas enfrentando una situación de coacción sistemática para que abandonen una vivienda cuando no pesa sobre ellas ni siquiera un procedimiento legal que haga valer un mejor derecho de posesión que el que ellas tienen? Entonces, movilizamos todo lo que teníamos en nuestras manos para presionar a Servicios Sociales, porque entendíamos que  tenían que reconocerles esa situación para poder establecer una defensa si se abrían procesos legales», explica.

Blanco insiste en la enorme angustia, incertidumbre e indefensión que, según denuncia, sufren las inquilinas ante el acoso continuado de la empresa. A su juicio, ambas se encuentran en una situación sin alternativas viables, en un contexto marcado por la tensión del mercado de la vivienda en Azuqueca de Henares y los elevados precios del alquiler. Como ejemplo, relata que el pasado 28 de septiembre una de las inquilinas regresó de trabajar en el turno de noche, a las 6.40 horas, y descubrió que habían echado silicona en la puerta de su casa, por lo que no pudo entrar. «Solo hay que imaginar, después de todo el día intentando solucionar la situación, en qué condiciones se incorporó a trabajar, sin dormir, con la tensión, la angustia y el temor de no saber qué se podía encontrar cuando volviera a casa», afirma.

La abogada pone el acento en el impacto que esta situación está teniendo en la vida cotidiana de las afectadas, que, además, tienen hijos menores a su cargo a los que deben proteger. «Cuando lo único que quieren es pagar la renta», concluye.