La alcaldesa, Ana Guarinos, ha ofredido los datos del expediente, que se inició con el Gobierno del socalista Rojo. Las viviendas están ubicadas en el remate de Las Cañas, contarán con una inversión de 41 millones de euros y deberán estar finalizadas en 2026
La alcaldesa, Ana Guarinos, ha ofrecido esta mañana su primera rueda de prensa desde su toma de posesión hace un mes, para anunciar el acuerdo urgente de la Junta Local de Gobierno por el que sale a licitación el proyecto de construcción de 310 viviendas de alquiler asequible, que se levantarán en cuatro parcelas propiedad del Ayuntamiento, ubicadas en el remate de Las Cañas, en la zona situada junto a la Ronda Norte.
Concretamente, el Consistorio cederá suelo a las empresas privadas que opten al concurso para que levanten un bloque de 96 viviendas en la calle Concepción Arenal, dos bloques de 78 viviendas cada uno en la calle Acebeda y otras 58 en la avenida del Olivar. En presupuesto asciende a 41 millones de euros, de los cuales 14,3 serán aportados por el Estado a través de los fondos europeos Netx Generation y los 26,6 restantes correrán a cargo de la iniciativa privada. Las empresas interesadas disponen de 60 días para presentar sus proyectos. Las obras deberán estar concluidas en el junio del año 2026. Trascurridos 75 años, la propiedad revertirá al Ayuntamiento.
Guarinos ha destacado que el objetivo de esta actuación municipal es "dar el pistoletazo de salida al impulso de la vivienda pública en la ciudad". La alcadesa ha aclarado que, si bien se trata de un proyecto heredado del Gobierno del socialista Alberto Rojo, el equipo de Gobierno le ha dado un impulso ante el riesgo de que la viviendas no hubiesen podido estar concluidas en el tiempo previsto en el expediente: "Lo que nosotros nos encontramos aquí era un anuncio, pero no había nada más. Nosotros, nada más llegar al Ayuntamiento, nos ponemos a trabajar en una serie de proyectos y uno de ellos era éste porque si no comenzamos con el expediente y vamos mal con la ejecución y los plazos corríamos el riesgo de que las viviendas no estuvieran finalizadas en junio de 2026".
Hasta que no se liciten los proyectos no se conocerá como serán esas viviendas. Los requisitos que sí deben cumplir son ser de protección oficial en régimen de alquiler asequible, ser energéticamente eficientes y no superar el precio máximo de 5,95 euros al mes el metro cuadrado para las viviendas y los 1,30 euros al mes el metro cuadrado para los garajes y trasteros.
Las personas beneficiarias no deberán superar ingresos superiores a 5 veces el Iprem. La alcaldesa ha señalado que, en su momento, serán las empresas constructoras las encargadas de la adjudicar los pisos, siempre cumpliendo con la normativa relativa a las viviendas de protección pública.
Guarinos ha puesto de manifiesto la importancia de esta medida "para que las personas con menos ingresos y la gente joven tengan la posibilidad, a través de esta promoción de vivienda pública, de aceder al mercado de la vivienda al que en este momento no tienen acceso".
