El Ayuntamiento debería revisar la tasa de basuras, según el Tribunal de Cuentas
Un informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2021 indica que el Consistorio guadalajareño habría recaudado 896.010,49 euros de más, con respecto a lo que la empresa concesionaria del servicio le habría facturado, de acuedo a un contrato suscrito en 2015, cuando el PP gobernaba en la ciudad
Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2021 ha puesto en evidencia que el Ayuntamiento de Guadalajara ingresaba ese año en concepto de recogida de basuras unos 900.000 euros más de lo que facturaba la empresa concesionaria del servicio, que el Consistorio tiene externalizado.
En concreto, y según este informe sobre el control municipal en la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos y mantenimiento de parques y jardines de ayuntamientos con población entre los 50.000 y los 100.000 habitantes, pertenecientes a comunidades autónomas sin órgano externo propio, el Consistorio habría recaudado en 2021 un total de 4.308.818,09 euros, mientras que la empresa emitió facturas por valor de 3.412.807,60 euros, por el servicio de recogida de residuos.
El Tribunal de Cuentas determina, por lo tanto, que “la cantidad recaudada por la entidad local superó en un 26 % los gastos facturados en el ejercicio por la prestación del servicio” y señala que “dicho exceso podría implicar el incumplimiento del principio de equivalencia previsto en el artículo 24.2 del TRLRHL, por lo que la entidad debería realizar los estudios necesarios para valorar una posible modificación de dicha tasa”.
OK Diario arremete contra Alberto Rojo y omite que el contrato fue suscrito en 2015, cuando gobernaba el PP de Román
El digital nacional OK Diario, de clara tendencia conservadora, no desaprovechaba la oportunidad de cargar tintas contra el anterior alcalde socialista, Alberto Rojo, en un artículo titulado “El alcalde socialista de Guadalajara cobró a los vecinos 900.000 euros de más en el recibo de basuras en 2021”, del que se hacían eco algunos medios de carácter provincial.
La inquina y manipulación del diario es tal que no ha dudado en acusar directamente a Alberto Rojo de hechos de los que, sin embargo, fue responsable su antecesor en el cargo, el acalde del Partido Popular, Antonio Román, quien estaba al frente del Ayuntamiento cuando se suscribía el contrato con la empresa concesionaria, en mayo de 2015, justo antes de las Elecciones Municipales celebradas aquel año, un hecho que OK Diario no menciona, pese a que queda meridianamente claro en el informe del Tribunal de Cuentas. En este sentido, el diario de derechas afirma que “la sisa que el alcalde del PSOE articuló en el Ayuntamiento de Guadalajara llegó a tal punto que la entidad ni siquiera realizó un estudio previo sobre la forma más eficiente de prestación de servicios, ni un estudio de costes”, cuestiones que considera “elementales antes de diseñar la licitación del contrato”.
Asimismo, recogiendo una de las observaciones del Tribunal de Cuentas referida no sólo al de Guadalajara, si no también a los ayuntamientos de Mérida, Molina de Segura, Talavera de la Reina y Toledo, incluidos en el estudio, apunta que “tampoco se emitió un informe sobre la insuficiencia de medios propios que le llevase a contratar a una empresa externa para la realización de los servicios”, una responsabilidad que, evidentemente, también recaerían en el equipo de Gobierno del PP, que en mayo de 2015 todavía gobernaba con mayoría absoluta en Guadalajara.
Además, añade que “por si fuera poco” el Ayuntamiento habría incluido en el contrato una clausula que no estaría permitida. Efectivamente, tal y como señala el informe del Tribunal de Cuentas, el contrato, que se formalizaba en mayo de 2015 con una nada desdeñable duración de 15 años “preveía que, si llegada la fecha de vencimiento del contrato, éste todavía se encontraba pendiente de nueva adjudicación, el concesionario estaría obligado a prorrogar forzosamente el contrato, en las mismas condiciones, hasta la nueva adjudicación, con un límite máximo de doce meses”. Tal y como señala el informe , esa previsión no estaba contemplada en la norma de Contratos del Sector Público vigente a esa fecha y excede la limitación temporal de la normativa actualmente vigente fijada en nueve meses, una irregularidad que, de nuevo, es achacable al anterior Gobierno del PP.
Grupo municipal del PSOE: "Ni Alberto Rojo, ni ningún alcalde son los responsables de cobrar nada"
El Decano de Guadalajara se ha puesto en contacto con el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara desde donde recuerdan que “ni Alberto Rojo, ni ningún alcalde, son los responsables de cobrar nada” ya que las tasas “son producto de los estudios técnicos elaborados por funcionarios públicos”. Es más, según indican, las tasas que cobraba el Ayuntamiento en 2021 eran las mismas que las del Gobierno del PP, puesto que si bien es cierto que la ordenanza se modificó en 2021, sólo se tocaron aspectos relacionados con “exenciones y aclaraciones en el pago”, manteniéndose los precios. La tasa, aclaran, sí se actualizaba en 2023 cuando se ponía en marcha la recogida de los restos orgánicos.
Desde el grupo municipal del PSOE no niegan que se haya recaudado más de lo que cuesta el servicio, algo que, aseguran, viene produciéndose desde hace muchos años, al menos desde que existe el contrato de 2015 con la concesionaria, pero afirman que, tal y como recoge el informe, ese mismo año también se pagaron 600.000 euros al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Guadalajara, que gestiona de la Diputación Provincial, y se formalizó un contrato de suministro de cuatro camiones recolectores compactadores para el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos, por valor de 1.002.799,60 euros, IVA incluido, que fue cofinanciado al 80 % mediante el programa operativo FEDER.
En cualquier caso, si entendemos que es así y el Ayuntamiento está cobrando más de lo que cuesta el servicio, el Tribunal de Cuentas lo deja claro, “la entidad debería realizar los estudios necesarios para valorar una posible modificación de dicha tasa”. El actual Gobierno de PP y VOX, entonces, tendría ahora la pelota sobre su tejado para corregir este desequilibrio financiero y que repercuta en el bolsillo de los vecinos de la ciudad.