Los trabajadores de la grúa acusan al concejal de Seguridad, de Vox, de mentir

Aseguran que el equipo de Gobierno no han mantenido ningún contacto con ellos tras anunciar la huelga. El PSOE exige a PP y Vox que cumpla el acuerdo de pleno de municipalizar el servicio 

La polémica con el servicio de la grúa municipal continúa. Después de que los trabajadores anunciaran la pasada semana una huelga en plenas Ferias y Fiestas de la capital, el equipo de Gobierno todavía no se ha reunido con ellos para abordar el asunto. Por ello, han acusado al concejal de Seguridad, José María Antón, de mentir cuando ha afirmado que se había reunido con ellos: "A nosotros no nos ha llamado nadie", ha declarado a El Decano de Guadalajara el presidente del comité de empresa, Francisco Javier Corral, de UGT. 

Desde UGT FeSMC Castilla-La Mancha, se afirma que esta falta de contactos se demostrará "en el moneto procesal oportuno": "La única conversación que el Gobierno municipal ha tenido con los trabajadores fue en plena calle, con el concejal Alfonso Esteban, cuando los trabajadores salían el pasado 1 de agosto de solicitar cita con Alcaldía. Petición de la que todavía no hemos obtenido respuesta. Queremos dejar claro que lo que dijo José María Antón no es cierto y que jamás se ha reunido representante alguno con los trabajadores".

El sindicato reitera que la actual Corporación municipal está incumpliendo el compromiso de municipalizar el servicio de grúa adquirido en pleno municipal de abril de 2023 en el que se aprobó, con Alberto Rojo como alcalde, la municipalización del servicio una vez que venciera la prórroga del contrato con la concesionaria, la empresa Dornier, el pasado 10 de mayo. Según Corral, a tres días de esa fecha, se les informa de la paralización de este procedimiento y, desde entonces, "se funciona con prórrogas mensuales del contrato, lo que ocasiona perjuicios no sólo para los trabajadores, sino para las arcas del Ayuntamiento". Por este motivo, los trabajadores entienden que se trata de una decisión de carácter político. 

Por su parte, la alcaldesa, a preguntas de los periodistas, aseguró ayer lunes que para solucionar el conflicto se está a la espera de un informe de los técnicos municipales. Extremo que ha sido negado desde UGT: "Nos permitimos recordarle que el expediente está publicado con todos los procesos y documentación. Y que, al margen de eso, han tenido 3 plenos desde que tomaron posesión para realizar la remunicipalización. Del mismo modo, fuentes jurídicas del Ayuntamiento nos han hecho llegar que ellos no tienen que emitir informe alguno puesto que la decisión de remunicipalización es absolutamente política”.

Desde el comité de empresa se han mostrado firmes en la convocatoria de la huelga del 3 al 18 de septiembre, "a no ser que la actual Corporación local remunicipalice de una vez el servicio".

Reunión con el ex alcalde, Alberto Rojo 

El ex alcalde y concejal socialista, Alberto Rojo, mantuvo ayer lunes una reunión con los trabajadores de la grúa, con los que se ha comprometido "a exigir al Gobierno de Ana Guarinos y sus socios de Vox que cumplan con lo acordado en el pleno del pasado 28 de abril, y procedan a la remunicipalización de este servicio".

Alberto Rojo, que estuvo acompañado de la portavoz socialista, Lucía de Luz y de la concejala Pilar Sánchez, edil de Seguridad en la anterior legislatura, se ha mostrado firme al calificar esta situación de "indecencia institucional, y no vamos a permitir políticas dictatoriales y actitudes soberbias como las que está demostrando este equipo de Gobierno".

Rojo se ha mostrado sorprendido por las declaraciones realizadas recientemente en prensa por el concejal de Seguridad, José María Antón,  en las que indica que están a la espera de un informe jurídico para cumplir con el acuerdo de pleno y saber cómo proceder, "cuando es evidente que están intentando enmascarar una decisión claramente política que lesiona los derechos de los trabajadores, y que va en contra de un servicio de la ciudad".

"Nos resulta incomprensible -ha añadido Rojo- que el concejal de Seguridad se escude ahora en un hipotético informe jurídico, cuando no es necesario, ya que está aprobada la modificación de la RPT en Mesa de Negociación; y habilitado el crédito presupuestario para que se lleve a cabo la gestión directa de este servicio por parte del Ayuntamiento. Están mintiendo y la ciudadanía tiene que saberlo".

En este sentido, Alberto Rojo ha enfatizado que "hay que lucharlo, y defender la verdad, y lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno es acatar lo aprobado en pleno y no intentar anular una decisión que estaba cerrada y atada y que era beneficiosa para los trabajadores y para el servicio". De hecho, además de ahorrar costes a las arcas municipales, los trabajadores pasarían a ser personal laboral fijo del Ayuntamiento.