EDITORIAL. Una actuación lamentable

Partiendo de la base de nuestro total respeto por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no podemos dejar pasar el lamentable suceso ocurrido el pasado 14 de abril en el Cementerio de Guadalajara. 

La Policía Nacional irrumpió en la ofrenda floral con motivo del 95 aniversario de la República en el que participaban, de forma totalmente pacífica, una treintena de personas procedentes de movimientos de izquierdas de Guadalajara. Este acto se viene celebrando desde hace 20 años en el camposanto municipal sin que nunca se hayan producido altercados, ya que es una forma de rendir homenaje a los hombres y mujeres que lucharon por los principios de la bandera tricolor republicana -libertad, igualdad y justicia- y fueron víctimas de la represión franquista. 

Sin embargo, este año el reconocimiento a los represaliados quedó empañado por la actuación policial. Según se informaba desde Izquierda Unida de Guadalajara, "esto no era una manifestación, era una ofrenda floral en el Cementerio Civil". Denuncian que los agentes, uniformados y de paisano, con sirenas y luces encendidas, intentaron llevarse a Comisaría al presidente de Agrupación Republicana de Guadalajara 'La 9', organizadora del evento, e identificaron a una veintena de personas.

Según IU, la Policía les transmitió que se les identificaba por tratarse de una concentración no comunicada a la Subdelegación del Gobierno. Algo que no es preceptivo porque, primero, no era una concentración y, segundo, no se estaba desarrollando en la vía publica, sino en una instalación de gestión municipal, por lo que dicha comunicación no era obligatoria. 

Tras conocer los hechos, y dada su gravedad en un estado democrático, esta Redacción se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno de España en Guadalajara para que su máxima responsable, Susana Cabellos, contestase a nuestras preguntas. Que eran tres y muy sencillas: ¿por qué motivo se produjo esa actuación policial?, ¿quién dio la orden? y ¿hubo alguna denuncia que requiriera la presencia de los agentes?. 

Lo que recibimos fue un breve texto en el que la subdelegada aseguraba que "la intención siempre fue informativa, a propósito de las razones de dicha congregación", recalcando eso sí "la importancia de restituir la dignidad de procesos democráticos en nuestro país a través de estas expresiones de memoria histórica". Pero nos quedamos sin respuesta a las preguntas que realmente nos interesaban desde el punto de vista periodístico. No dudamos de que Cabellos es una firme defensora del respeto a la memoria, pero como superior jerárquica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Guadalajara debería haber dado explicaciones claras y completas. 

Las mismas que le va a pedir Izquierda Unida, desde donde el 15 de abril comunicó a la Subdelegación su malestar, solicitado una reunión para aclarar lo que denomina un "ultraje". Asimismo, han dado traslado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. "Exigimos responsabilidades y que no haya ni una sola sanción". 

En los tiempos que corren, con los principios básicos de la democracia tambaleándose por el ascenso de las tesis radicales de la ultraderecha -que últimamente viene comprando el Partido Popular,- conviene recordar que la Constitución Española del 78 reconoce en su artículo 21 "el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa".

Nos preguntamos entonces si, a partir de ahora, cada 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, la Policía se va a pasar por el homenaje a los difuntos que realiza el Ayuntamiento de Guadalajara, que reúne a numeroso público. O en el acto de homenaje a los republicanos que realizan partidos políticos y otras agrupaciones defensoras de la memoria. O si se va a identificar a las personas que se congreguen para despedir a un amigo o familiar fallecido. O por qué no se personaron entonces a pedir el DNI a los cofrades que compartían una barbacoa a las puertas de las Escuelas Municipales de Francisco Aritio, en plena vía pública y sin permiso, antes de que tuvieran que llamarles porque la cosa acabó con la agresión a un trabajador municipal. 

Si entre las filas de la Policía Nacional de Guadalajara existe algún mando que añora otros tiempos y que ordenó esta más que criticable actuación, la Subdelegación debería tomar cartas en el asunto, porque podría interpretarse como un acto de intimidación y boicot. Y esto sería muy grave. Y preocupante. 

Honrar la memoria no es un delito y menos si se hace de forma pacífica. Por ello, urgen respuestas convincentes, la toma de decisiones y la exigencia de responsabilidades para que el lamentable espectáculo que se vivió en el Cementerio el pasado 14 de abril no vuelva a repetirse. 

Por salud democrática.