EDITORIAL: Algo está fallando

La pasada semana teníamos conocimiento de una impecable operación desarrollada por la Unidad de Investigación del puesto de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares y por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Guadalajara, que se saldó con la desarticulación de una banda criminal dedicada al robo de bares mediante el método del alunizaje en numerosas localidades del Corredor del Henares. Un grupo muy activo que, según confirmó la teniente coronel, Cristina Moreno, no había parado de perpetrar atracos desde noviembre de 2023. 

Vaya desde aquí nuestra enhorabuena a la Guardia Civil de Guadalajara por su excelente trabajo y, si nos permiten la licencia, también nuestro pésame. Porque después de invertir tiempo, esfuerzo y recursos públicos en el desarrollo de la operación, tras las detenciones practicadas y la puesta a disposición judicial de los autores de los hechos, éstos quedaron en libertad. 

Causa una profunda frustración y una gran indignación el hecho de que los jueces tiren por tierra tanto trabajo poniendo en la calle a unos delincuentes que, para más señas,  acumulan un largo rosario de antecedentes criminales, principalmente en las provincias de Guadalajara y Madrid, relacionados con delitos contra el patrimonio por robos en viviendas. Tal y como detalló en rueda de prensa la teniente coronel, uno de los detenidos tiene antecedentes por 30 delitos y nueve detenciones; otro por 62 delitos y ocho detenciones; y un tercero por 63 delitos y 22 detenciones. Y ésto sólo en lo que se refiere a los antecedentes de la Guardia Civil porque también los tienen en la Policía Nacional y, en algún caso, en los Mosos de Escuadra. Ahí es nada.

En este punto nos preguntamos qué está fallando en la Justicia española. Una de las causas reside sin duda en la falta de medios materiales y personales y la acumulación de trabajo que retrasa los señalamientos, colapsa los juzgados y demora en exceso las resoluciones judiciales. O puede ser por una legislación que, en nuestra opinión, es demasiado permisiva con determinados tipos de delincuencia menor contra la que habría que tener más mano dura, ya que los ciudadanos de a pie sienten que demasiados delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, lo que genera una gran sensación de inseguridad.

En el verano de 2022, el Gobierno socialista dio luz verde a una Ley Orgánica que reformaba el artículo 234 del Código Penal introduciendo penas de prisión de entre 6 y 18 meses para los pequeños hurtos cometidos por reincidentes. Anteriormente, si lo robado no superaba los 400 euros, el castigo consistía en una simple multa. La mayoría se declaraba insolvente y… a seguir delinquiendo.  

A pesar de que el objetivo de esta reforma era tratar de disuadir a los pequeños delincuentes, dos años después no parece haber funcionado como se esperaba. Según los datos que manejan los sindicatos policiales, casi la mitad de los detenidos por delitos contra la propiedad no pisa la cárcel. Los jueces conceden la libertad provisional a la espera de juicio a los infractores con antecedentes, lo que no ha hecho sino favorecer la multirreincidencia. 

Este hecho también lo avala el Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2023 elaborado por el Ministerio del Interior. Los hurtos se han incrementado en toda España. En el caso de Guadalajara, de enero a diciembre del pasado año, se cometieron 1.904 hurtos frente a los 1.864 del mismo periodo del año anterior. 40 actos delictivos más.

Muchos juristas son de la opinión de una reforma necesaria de esta Ley que permita acelerar la respuesta judicial, ya que es de difícil aplicación dada la situación actual de los juzgados. Al tiempo, las víctimas sienten que los ladrones son impunes y se sienten abandonadas por la Justicia. Es decir, la Ley es muy bonita de cara a la galería, pero muy complicada en la práctica. 

Y si algo está fallando a nivel penal en el mundo de los adultos, todavía es más alarmante cuando los autores de determinados delitos o faltas son menores. 

Este mismo fin de semana, la localidad de Horche vivió su particular ‘noche de las lunas rotas’, lo que generó una gran alarma entre los vecinos. Al menos una decena de vehículos amanecieron con los cristales hechos pedazos. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación y, según fuentes consultadas por El Decano, los autores podrían ser -presuntamente- dos menores del pueblo, conocidos además por muchos horchanos, ya que no es la primera vez que se dedican a vandalizar la propiedad privada. Su posible implicación en los hechos va a ser muy difícil de determinar ya que, en los casos de vandalismo, es esencial sorprender a los autores ‘in fraganti’.

Y no es un hecho aislado en Guadalajara. Hace unos meses, los vecinos de Torija denunciaban en redes sociales una situación similar y, este mismo verano, la Guardia Civil detuvo a cinco personas, tres de ellas menores, como presuntas autoras de más de un centenar de robos cometidos en el interior de vehículos estacionados en la vía pública de Azuqueca de Henares y Alovera.

Algo está fallando cuando hablamos de niños y adolescentes que se creen con el derecho de robar o de vandalizar lo público y lo privado amparados por una minoría de edad que les brinda una impunidad absoluta a la que debería ponerse freno. 

Aquí juegan un papel fundamental las familias, la comunidad educativa, los servicios sociales y las administraciones, que deben dar respuesta a un fenómeno cada vez más extendido entre un sector minoritario de chavales que campan a sus anchas por nuestros pueblos y ciudades ajenos a cualquier castigo porque al final, claro está, los platos rotos los pagan sus padres. 

Según se refleja en la Memoria de la Fiscalía de Menores presentada el pasado mes de septiembre, las cifras de 2022 reflejan un aumento “generalizado y alarmante” de la delincuencia juvenil, volviendo a cifras que no se conocían desde hacía más de siete años. Con la excepción de 2019, los delitos cometidos por menores en España habían ido en descenso.

El mayor incremento se produjo en los delitos leves, sobre todo por hurtos en establecimientos comerciales. Lo más preocupante: se incrementaron las lesiones, el ciberbulling y los delitos contra la libertad sexual.

En el año 2000, siendo presidente del Gobierno Jose María Aznar, se aprobó la llamada Ley de Responsabilidad Penal del Menor -aún en vigor- por la que se contemplan medidas legales para los niños de entre 14 y 18 años autores de delitos o faltas. En ella se prevé la aplicación de medidas dirigidas a la reeducación a través de programas educativos, trabajos en beneficio de la comunidad, libertad vigilada o, incluso, internamiento en un centro para los casos más graves. A pesar de que podría desincentivar la comisión de delitos entre los menores, parece que tampoco ha frenado a muchos.  

Desde El Decano de Guadalajara somos partidarios de las políticas de reinserción. Pero en primerísimo lugar nos ponemos del lado de las víctimas. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores que son las que realmente padecen las consecuencias de robos, actos de vandalismo u otro tipo de delitos. Con el panorama descrito, es lógico que se sienten desamparadas y abandonadas por una Justicia excesivamente lenta y unas leyes demasiado laxas. 

Sin ánimo de alarmar, algo está fallando cuando en demasiadas ocasiones prevalece la búsqueda del bienestar y la protección de los delincuentes -sea cual sea su edad- por encima de los derechos de las víctimas. 

Es para echarse a temblar. O a llorar.