El aval del ICO para el acceso a la vivienda genera división de opiniones

El sector inmobiliario considera que la medida se queda corta al no tener en cuenta los impuestos, mientras que las asociaciones de consumidores afirman que solo beneficia a los bancos y a las promotoras inmobiliarias 

 

Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobados este año por el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda han extendido el temor a un posible riesgo de burbuja inmobiliaria. Se trata de una medida destinada a ayudar a jóvenes solventes que no han podido ahorrar los suficiente para poder obtener una hipoteca para emanciparse. Consiste en una línea de 2.500 millones de euros para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y a familias con menores a su cargo.  

 
En concreto, el ICO avalará hasta el 20% del importe del crédito que podría alcanzar el 25% siempre y cuando la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior. El organismo ofrece así una garantía sobre este porcentaje, por lo que su vinculación es con las entidades no con el cliente. Una medida destinada a ofrecer una solución a un problema complejo que necesita de instrumentos concretos para abordarlo, ya que no tiene una única solución. 
 

Un caramelo envenenado 
 

Esta solución, sin embargo, ha sido muy criticada desde algunos sectores que la ven como un caramelo envenenado. Facua, por ejemplo, considera que solo beneficiará a los bancos a la hora de ofrecer sus créditos e incentivar su actividad de negocio. Algo que puede impulsar la demanda y acentuar los precios al alza. Por el contrario, la asociación de consumidores considera que el mejor remedio para poner fin a las tensiones en la vivienda pasa por lograr un control de las hipotecas y la creación de un auténtico parque de viviendas público, con precios asequibles y razonables.  
 

Tal y como ha ocurrido en otros países donde se han aplicado medidas similares, destacan en Facua, estos avales corren el riesgo de terminar siendo absorbidos por los promotores y, por tanto, los consumidores que quieran acceder a una vivienda no verán una bajada del precio e incluso podrían terminar afrontando aún más subidas. 
 

Por ello, la asociación considera que los ciudadanos en general -no solo los jóvenes tienen problemas de acceso a la vivienda, sino que se trata de un problema transversal- necesitan precios más bajos para poder acceder a una vivienda e hipotecas con intereses más reducidos. Por este motivo pide al Ejecutivo la adopción de soluciones orientadas de una vez por toda a proteger realmente a los consumidores, y no en favor del sector bancario o inmobiliario. 
 

La medida se queda corta  
 

Los expertos del sector inmobiliario, en cambio, han acogido esta medida con moderado optimismo. Las numerosas limitaciones impuestas para tener acceso a este aval para la primera vivienda, como ser menor de 35 años, ser una familia con hijos o monoparental, tener un patrimonio inferior a los 100.000 euros o que sea la residencia habitual en los siguientes diez años, entre otros requisitos, hará que las ayudas apenas lleguen a unas 50.000 personas, según los cálculos oficiales. 
 

Un grupo limitado que permite descartar el posible riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria como la que se produjo en 2008 cuando hubo un acceso ilimitado y descontrolado al crédito. Es más, los expertos del sector creen que esta medida se queda corta al no tener en cuenta los impuestos asociados a la compra-venta de vivienda, que en algunos casos puede alcanzar y superar el 10% del precio.

 
Factor que puede ser un serio hándicap precisamente para todos aquellos jóvenes que son solventes, pero no disponen de los ahorros suficientes para hacer frente a los gastos iniciales que requiere la compra de una vivienda. 

Julio Muñoz. Periodista de información económica y experto en comunicación 

 

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