El próximo 30 de noviembre se celebra el juicio contra los ocho activistas anti-desahucios que fueron detenidos en 2017 en una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo

La Fiscalía pide para las activistas hasta 3 años de prisión por delitos de allanamiento, desobediencia, coacciones y resistencia a los agentes

El próximo 30 de noviembre se celebrará el juicio contra los ocho activistas anti-desahucios que fueron detenidos el 5 de diciembre de 2017 en una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo. La Fiscalía pide una condena que según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara asciende a tres años de cárcel por delitos de allanamiento, desobediencia, coacciones y resistencia a los agentes. Por otro la entidad solicita dos años y medio de cárcel y 10 meses de pena multa a 10 euros diarios.

“Hay ocho detenidas por intentar que Caixabank formalizara por escrito un acuerdo al que se había comprometido verbalmente, un acuerdo al que afectaba a 20 familias con hijos menores. Había una mesa de negociación junto con el Ayuntamiento de Cabanillas que a su vez había acordado también no permitir en su municipio desahucios en precario con menores a cargo” explica Nuria Ramos, portavoz de Comunicación de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG).

“Caixabank se había comprometido a ceder esas viviendas al ayuntamiento para que éstos lo gestionaran, también a no desalojar a estas familias y a gestionar un alquiler social, por supuesto nada de esto sucedió” apunta Nuria Ramos. “Lo que se hizo fue ceder esa gestión de las viviendas a una gestora que lo que hizo fue empezar a hostigar y a acosar a las familias para que abandonaran sus hogares” afirma la portavoz.

Cuando se acercaba la fecha del juicio es cuando un grupo de activistas al no encontrar respuestas por parte de Caixabank, decide ir a la oficina y no salir hasta que se firme ese acuerdo por escrito “al que se había comprometido verbalmente, cuando llamaron a la Guardia Civil y se las llevaron esposados sin decir que estaban detenidas ni leyendo sus derechos” explica Ramos. “Hay que decir que el derecho a la protesta y reunión se vulneró a las puertas de la Guardia Civil, en el cual se amenazó a la gente que fue en calidad de apoyo a sus puertas pidiendo la liberación de las detenidas”. Una detención que venía “de orden de la Subdelegación del Gobierno con una clara intención política”, subraya.

“Caixabank destruyó las pruebas, borrando las grabaciones de las cámaras y lo deja por escrito en el requerimiento que le hace el juzgado de las mismas, sin ningún tipo de consecuencia” apunta la portavoz.

“Por todo esto exigimos la solución de las personas imputadas, vamos a recurrir donde haga falta, si hace falta iremos a Estrasburgo porque es intolerable” concluye Nuria Ramos.