Los procesos de extinción de derechos de las centrales hidroeléctricas suponen una amenazan para la continuidad de las presas del Alto Tajo, algunas de las cuales han configurado paisajes muy significativos dentro del territorio. Unos procedimientos que continúan avanzando en su tramitación con la intervención de distintos actores, como la CHT, las empresas concesionarias u organizaciones ecologistas o deportivas, entre otras, pero a espaldas de los intereses de los ayuntamientos afectados y otros agentes sociales, que en pleno corazón de la despoblación, son pequeños y tienen pocos recursos. De hecho, el alcalde de Poveda de la Sierra, Ismael de Mingo, asegura que no se ha recibido en el Ayuntamiento la documentación correspondiente a la extinción de derechos de la prensa del Salto, cuando ya ha concluido el periodo de información pública, en el que hubiese tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones.
Este territorio, enclavado en el Parque Natural del Alto Tajo y el Geoparque Mundial de la UNESCO Molina-Alto Tajo, constituye un ejemplo paradigmático, con dos presas muy naturalizadas: El Molino de Arriba, en Peralejos de las Truchas y la presa del Hoz Seca o Navarejos, entre Checa y Peralejos de las Truchas; y una tercera que configura una barrera completamente artificial: “La Rocha”, en los términos de Zaorejas y Villar de Cobeta. La concesionaria de derechos de todas ellas es ENEL Green Power España S.L., que ha recurrido por la vía contencioso-administrativa las resoluciones de extinción de derechos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), junto con las obligaciones que las mismas conllevan de desmantelamiento de estas infraestructuras para devolver el Dominio Público Hidráulico al estado previo anterior a la concesión.
Tal y como ha informado por escrito a El Decano de Guadalajara la CHT, los recursos presentados por ENEL Green contra la resolución de extinción de derechos del aprovechamiento hidroeléctrico de la central del Hoz Seca ”han sido desestimados” y, actualmente, “se encuentra en tramitación administrativa el proyecto de desmantelamiento de las infraestructuras”.
Esto quiere decir que la empresa ya ha presentado el proyecto de desmantelamiento a la CHT, que se encuentra estudiando la documentación para su aprobación y ejecución. Según el organismo, el Ayuntamiento de Checa habría presentado un escrito solicitando la permanencia de la presa, al que la CHT ha contestado señalando que para que puede mantenerse "es necesaria la solicitud de una nueva concesión para un uso que justifique la permanencia de la infraestructura"
En el caso del Molino de Arriba, la sentencia n.º 331 de 7 de junio de 2023 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid estima parcialmente el recurso de la empresa concesionaria contra la resolución de extinción de derechos de tal manera que confirma “los apartados de la resolución relativos a la declaración de extinción del aprovechamiento y a la cancelación de su inscripción en el Registro de Aguas" pero determina la caducidad del procedimiento en lo que se refiere al apartado que otorgaba un plazo de tres meses a la empresa “para que presente un proyecto para la puesta fuera de servicio del azud y de todas las instalaciones e infraestructuras asociadas a la concesión, de acuerdo con el cual, una vez aprobado, se proceda a la retirada de las instalaciones del aprovechamiento, y a la restitución del cauce a su estado anterior a la inscripción del aprovechamiento”..
No obstante, deja la puerta abierta a que “se pueda incoar un nuevo expediente de extinción para reclamar a la empresa este trámite". De esta manera, el 23 de abril de 2024 la CHT acordaba “la incoación de expediente de extinción, para dar cumplimiento a lo señalado en la sentencia estimatoria parcial”. Es decir, tal y como explican, "la sentencia no afecta para nada al fondo de la cuestión, que es la extinción de la concesión, y las obligaciones que implica para el titular de la infraestructura, de puesta fuera de servicio de las instalaciones".
Respecto a estos dos procedimientos, la CHT asegura que no les consta que Enel Green haya recurrido las sentencias del TSJ de Madrid en casación ante el Tribunal Supremo.
Además, el 4 de febrero de 2024 salía a información pública el expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de las instalaciones del Salto de Poveda, en los términos de Poveda de la Sierra y Taravilla, del que actualmente es titular Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U, donde hay un negocio turístico asociado, que ha aprovechado sus instalaciones en las denominadas Casas del Salto para adecuar un alojamiento rural.
Sobre este proceso, con fecha de 24 de octubre de 2023, la CHT acuerda incoar el expediente de extinción y el 4 de febrero se publica en el BOE, “el Anuncio de información pública del expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento de 10000 l/s de aguas a derivar del río Tajo, con destino a uso hidroeléctrico, en los términos municipales de Poveda de la Sierra y Taravilla”, con el plazo de un mes para presentar alegaciones.
A lo largo de este periodo, señalan desde la CHT, se han recibido alegaciones al procedimiento por parte de varias organizaciones y, a preguntas de El Decano, indican que “no se tiene constancia de que el titular haya presentado ningún recurso y, de momento, tampoco “ha presentado alegaciones en el marco de este proceso”, por lo que continuaría el procedimiento por la vía administrativa.
Además, la CHT se muestra tajante y no deja espacio a que las concesionarias puedan contemplar otras opciones distintas a la demolición, una vez se haga efectiva la extinción de derechos: De acuerdo con la legislación de aguas vigente, señala, una vez extinguida la concesión, el titular de la instalación tiene la obligación de presentar un proyecto de puesta fuera de servicio ante la CHT, para su aprobación. Una vez cuente con el visto bueno de la Confederación, “el titular debería proceder a la retirada de las instalaciones del aprovechamiento, eliminando aquellas que se sitúen en Dominio Público Hidráulico, restituyendo el cauce a su estado anterior a la inscripción del aprovechamiento. También deben eliminar las edificaciones que queden en desuso y que estén situadas en zona de servidumbre del cauce”.
Como alternativa, indican, la única posibilidad que establece la legislación de aguas para la puesta fuera de servicio de las infraestructuras es que “éstas reviertan al Estado”. También señalan otra posibilidad y es que se solicite una nueva concesión “que justificara la necesidad de la infraestructura, y que fuera aprobada por esta Confederación”. Por tanto, continúan, “no cabe plantear medidas medioambientales como compensación al hecho de mantener la infraestructura”.
Sin embargo, al margen de los distintos intereses en este novedoso escenario, después de décadas, que se acercan al siglo o incluso lo rebasan, estas presas han configurado el paisaje de un territorio, incluso generado sus propios ecosistemas, al mismo tiempo que han pasado a formar parte de la identidad de sus gentes, por lo que la cuestión no es tan simple y no se debería reducir a soluciones de manual, por mucho que vengan recogidas en la legislación vigente y, sobre todo, deberían facilitar y tener en cuenta la participación del territorio.
Así lo entiende el alcalde de Poveda de la Sierra, Ismael de Mingo, que asegura que en conversaciones con la CHT las posturas no son tan reduccionistas. En esta línea, afirma que es cierto que “cualquier derecho que procede de una concesión administrativa de las presas, una vez extinto, tiene que devolver el río a su estado original y eso es lo que nos dice la CHT, pero si están naturalizadas, se considera que no se pueden derribar y hay otras alternativas, se tendrán que valorar en su caso”.
En lo que se refiere a la presa del Salto de Poveda, entiende que el expediente se encuentra en una fase inicial: “Ha comenzado el expediente pero no especifica qué se tiene que hacer con la presa” y asegura que el Ayuntamiento no ha recibido ningún tipo de documentación y cuando han preguntado a la CHT al respecto “hemos tenido la callada por respuesta”.
De Mingo explica que, en otros casos, cuando se ha producido la caducidad de derechos en el término municipal, como ocurrió con las presas de los molinos, “nos llegó un documento de la CHT informado de que el expediente había terminado y se tenían que reponer a su estado original los cauces del río, pero en el caso del Salto no nos ha llegado nada todavía, por lo que no conozco el expediente”.
Asimismo, apunta que, con motivo de la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural, tuvo la oportunidad de preguntar al respecto al presidente de la CHT, Antonio Yáñez, quien -asegura- desconocía el estado del expediente, pero explicó que “una cosa es que termine la concesión y, teóricamente, se solicite a la empresa que lo devuelva a su estado original”, pero en el desarrollo del proceso, “todo es estudiable, porque tienen que solicitar las licencias y las autorizaciones y ver qué es lo que se puede hacer”.
El primer edil recuerda, en este sentido, que la presa no es artificial en su totalidad, por lo que el expediente sólo afectaría al muro superior: “Se justifica que hay que tirar la prensa porque tienen que subir los peces, pero en este caso es imposible, porque tienen muchos metros de desnivel por lo que no van poder remontar de ninguna manera”.
El Ayuntamiento de Poveda de la Sierra, como el resto de ayuntamientos afectados, no está dispuesto a renunciar a lo que considera parte de su paisaje y de su patrimonio y, según manifiesta el alcalde, presentará las alegaciones oportunas en todas las fases de la tramitación del expediente y se personará en todos los procesos que puedan surgir para evitar la demolición de la presa. No obstante, tal y como adelántábamos y ha explicado a este medio la CHT, en febrero salía a información pública la extinción de derechos, por lo que ya habría concluido el plazo de un mes para presentar alegaciones a este trámite, sin que el Consistorio haya podido participar.
Desde las Casas del Salto, la regente de este alojamiento rural, Raquel Miguel, afirma que no tenía conocimiento del inicio del expediente y por lo tanto “no tengo una reflexión formada”, pero señala que “siempre he pensado que este lugar sería mucho más bonito en origen, sin la presa, porque ésta sólo tiene unos 8 metros, frente a los 30 que tiene el salto, por lo que tendríamos una cascada natural de unos 22 metros”. Sin embargo, añade, después de tantos años, “se ha creado allí un ecosistema sobre la presa muy bonito, por lo que creo que habría que hacer un estudio bastante serio a nivel ecológico de lo que implicaría su demolición”. Una zona que según advierte cuenta con una gran biodiversidad de fauna y flora que correspondería a los profesionales analizar en profundidad para valorar las consecuencias podría tener su demolición y exponerlo a información pública “para que el territorio pueda conocer los pros y los contras”.
La regente de este negocio de turismo rural recuerda que las Casas del Salto, que se construyeron asociadas a la presa y que se han adecuado como alojamiento, se levantaron después de la Guerra Civil, en torno al año 1941-1943, pero la presa nunca llegó a generar electricidad, parece ser, según Raquel Miguel, debido a la naturaleza permeable de las tobas calcáreas, que tenía como consecuencia la pérdida de agua.
El Decano de Guadalajara también se ha puesto en contacto con la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, de la que depende el Parque Natural del Alto Tajo y con el Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca de Molina-Alto Tajo, donde al menos las presas del Molino de Arriba, del Hoz Seca y del Salto de Poveda representan recursos geológicos, naturales y paisajísticos singulares y representativos del territorio.
En el caso de la Delegación de Desarrollo Sostenible han preferido no hacer ninguna valoración al respecto, al considerar que este trámite es competencia de la CHT. Mientras que desde el Geoparque se limitan a afirmar que la postura que adoptarán en este proceso “será aquella que sirva como punto de encuentro entre las múltiples sensibilidades surgidas de las partes implicadas y sea acorde a la legalidad vigente, aunando beneficios sociales, económicos y ambientales y proyectando nuestra comarca como ejemplo de buenas prácticas y soluciones innovadoras, frente a los retos impuestos por el nuevo contexto climático y ambiental”.
Sin embargo, tal y como explica uno de los principales referentes en Patrimonio Geológico y Geoconservación a nivel internacional, Luis Carcavilla, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), coautor de la Guía Geológica del Parque Natural del Alto Tajo y miembro del Comité Científico del Geoparque de Molina, estas presas, con el transcurso de los años, se han ido cubriendo por tobas calcáreas, por precipitación del carbonato cálcico, inducida por los musgos y otro tipo de vegetación.
Estas tobas calcáreas, indica, están consideradas por una Directiva Europea como Hábitat de Protección Especial dentro de la Red Natura 2000, por motivos bióticos (biológicos) y abióticos (geológicos). “Dentro de los motivos biológicos, constituyen un hábitat escaso a nivel europeo y frágil. En España es verdad que son relativamente abundantes y están muy bien desarrolladas, pero a nivel europeo generan un hábitat muy singular y es uno de los más de cien que se incluyen en la Red Natura 2000 como hábitats a inventariar y a proteger dentro de Europa. Desde el punto de vista geológico, la importancia radica en que se trata de una roca en formación, es decir, es uno de los pocos ambientes donde se puede apreciar una roca que se está formando prácticamente en directo. Además, son muy buenos indicadores del cambio climático, porque son muy sensibles a cualquier cambio ambiental, de insolación, temperatura o calidad, cantidad, transparencia o turbulencia del agua”. En definitiva, las tobas, “al igual que los glaciares, son utilizados como indicadores rápidos de cambios ambientales”, relata.
Carcavilla recuerda que los geoparques “no asignan un régimen de protección especial, pero deben velar por la conservación de los elementos geológicos que hay dentro, estén protegidos o no”. En esta línea señala que las tobas calcáreas “son uno de los elementos más representativos del Geoparque de Molina-Alto Tajo y como tal, la demolición de estas presas supondría una merma en esos valores”, teniendo en cuenta, además, que estas presas representan algunos de los recursos turísticos y paisajísticos más singulares del Geoparque. Es un tema complejo en el que la solución posiblemente no esté en los extremos, ni dejando las presas e infraestructuras existentes como están, ni derribándolas".
Por su parte, el catedrático de Prehistoria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Zaragoza en Teruel, Francisco Burillo, además de la importancia de estas presas como patrimonio geológico del Geoparque, valora estos elementos como patrimonio histórico industrial, en la misma línea que los alcaldes de Checa, Jesús Alba, y Peralejos de las Truchas, Abel Moreno, en el reportaje de El Decano de Guadalajara del pasado 28 abril.
Burillo destaca que, por ejemplo, la presa del Hoz Seca tiene casi 120 años “y es una de las primeras presas importantes que se construyeron en España, porque sirvió para llevar la luz a las explotaciones de hierro de Sierra Menera, en la comarca del Jiloca”. La presa del Molino de Arriba cuenta alrededor de 80 años, pero antes hubo allí un Molino harinero y desde el siglo XVI se explotaba como Herrería para procesar el mineral del hierro. De hecho, el Ayuntamiento de Peralejos de las Truchas ha iniciado el expediente para que estas dos presas sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), con el fin de evitar su demolición.
El catedrático de la Universidad de Zaragoza considera que la situación de las presas del Alto Tajo adolece la falta de una legislación superior en materia hidráulica que podría encontrar respuesta en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en su artículo 174 “se ocupa de reducir lo que llama la diferencia entre las regiones desfavorecidas de la UE”. Para Burillo, los Montes Universales, donde se encuentra el Parque Natural del Alto Tajo, reúnen las condiciones de zona rural remota y zona montañosa, con “una situación demográfica muy grave”. El profesor hace referencia a un estudio de Pilar Burillo que encuentra en esta zona 76 municipios, que ocupan una superficie de 5.379 kilómetros cuadrados donde solamente hay un censo de 7.628 personas. Esto arroja una densidad de 1,41 habitantes por kilómetro cuadrado, “pero si hablamos de población residente, es decir, la que vive más de la mitad del año en el territorio, que es la que tiene en cuenta la Unión Europea, estaríamos hablando de 0,80 habitantes por km2”, aclara. No obstante, con la población que recoge el censo “se trata del territorio más despoblado de la UE, porque la Laponia Filandesa, que es el que se consideraba el menos poblado, tiene 2 habitantes por Km2. La situación se va a deteriorar todavía más, si se observan los indicadores de envejecimiento”, con lo que “es muy dramática”.
Para Burillo las presas del Alto Tajo deberían enfocarse como elementos para fomentar el desarrollo del territorio “tal como pide la UE” y recuerda que el agua que alimenta el Trasvase Tajo-Segura a través de los embalses de Entrepeñas y Buendía llega precisamente desde el Alto Tajo: “Se trata del único río de la UE que ha hecho un trasvase fuera de su cuenca”, y sin embargo, la realidad, tal y como advierte el catedrático, es que “la compensación económica por el trasvase no ha revertido ni a los municipios del entorno de los embalses y mucho menos a las poblaciones del Alto Tajo”.
Parece lógico, entonces, que si este territorio proporciona el agua también debería obtener un beneficio que pudiera revertir en la configuración de un proyecto de desarrollo para el aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio, entre los que se encuentran los paisajes y ecosistemas generados por estas presas: “Hay que entender que este tramo del Alto Tajo está totalmente encajado y las presas han creado las únicas zonas de agua amplias y remansadas que configuran recursos turísticos de primer orden. Hacer desaparecer las presas sería terminar con uno de los pocos recursos que quedan en el territorio para su desarrollo”, aclara.
Estas balsas, además, según indica, son las únicas fuentes de abastecimiento de los medios aéreos del Plan Infocam en caso de incendio para una superficie muy amplia y continua de bosque de difícil acceso que se extendería desde la provincia de Teruel, hasta casi la provincia de Cuenca, concluye.