Más de un centenar de ayuntamiento y entidades piden una reunión con la Subdelegación de Gobierno en Guadalajara ante las sanciones de la CHT

Tras la denuncia pública del Ayuntamiento de Jirueque en relación a una sanción de 2.600 euros por ejecutar labores de reparación de unos daños originados durante la limpieza del cauce del arroyo, para la que había obtenido permiso de la CHT

Un total de 95 ayuntamientos de la provincia de Guadalajara, dos de Madrid, 11 Eatims y cuatro mancomunidades han suscrito un manifiesto de apoyo al Ayuntamiento de Jirueque ante la polémica sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por acometer obras en el entorno de un arroyo para solucionar un problema de vertidos originado durante las labores de limpieza del cauce, para las que el Ayuntamiento contaba con permiso de este organismo, pero no para ejecutar los trabajos necesarios solucionarlo.

Las entidades firmantes que han mantenido un encuentro en la sede de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) en Guadalajara manifiestan con este escrito su “oposición y rechazo contra determinadas actuaciones por parte del organismo estatal que, sin atender a razones y basadas en normativas arcaicas y a menudo con apariencia especulativa, acaban perjudicando a nuestros municipios con graves consecuencias sociales y sanitarias para nuestros vecinos, además de las económicas”.

Este tipo de actuaciones, desde su punto de vista, “solo pueden calificarse como caprichosas, coercitivas y con afán meramente recaudatorio; sin tener en cuenta las consecuencias que de ellas se derivan”. No obstante, según indican, mantienen su “buena voluntad y disposición para reconducir y solucionar las causas que acaban motivando estos problemas” para lo que solicitan una reunión con la Subdelegación del Gobierno.

En dicha reunión pretenden tratar varios temas, como la mejora de los mecanismos de comunicación e información de la CHT, adaptándolos a las necesidades de los ayuntamientos más pequeños; la realización de limpiezas regulares y sistemáticas de los cauces de ríos y arroyos; una revisión de la sanciones para que se ajusten a criterios “razonados y razonables”; una mayor flexibilidad de la CHT “para que los pueblos realicen las obras urgentes o necesarias en sus términos, sin temor a ser sancionados”, así como mecanismos de mediación y arbitraje en caso de discrepancia.

Entienden que con ello, la Confederación tiene la oportunidad de adaptar su gestión “con la finalidad de dar un servicio más cercano, más proporcional y, sobre todo, más justo a los municipios sobre cuyas cuencas hidrográficas tiene competencia”.